sábado, 27 de octubre de 2012

China cambia sus leyes para proteger la enfermedad mental | Neurociencia | elmundo.es

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PROTECCIÓN | Derechos humanos

China cambia sus leyes para proteger la enfermedad mental

A partir de ahora, el diagnóstico de enfermedad mental deberá realizarlo un psiquiatra. | AfpA partir de ahora, el diagnóstico de enfermedad mental deberá realizarlo un psiquiatra. | Afp
Agencias | Pekín | Madrid
Actualizado viernes 26/10/2012 17:40 horas
 

China adopta una ley para proteger por primera vez los derechos de los enfermos mentales después de años de acusaciones de que los hospitales psiquiátricos encerraban a personas en contra de su voluntad y que servían para silenciar a disidentes.

La ley, que ha sido aprobada por el Comité Permanente de la XI Asamblea Popular Nacional, es la primera norma de categoría nacional en el ámbito de la salud mental de este país. Defensores de derechos humanos la denominan la ley reñida, ya que se ha debatido durante más de dos décadas, y además la consideran deficitaria en relación a las normas internacionales, pues permite el internamiento involuntario sin revisión judicial.

La ley va a "frenar los abusos con respecto al tratamiento obligatorio de salud mental y protegerá a los ciudadanos de someterse a un tratamiento innecesario o la hospitalización ilegal", según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua.

"Le damos la bienvenida, porque tener una ley es mejor que no tenerla", ha declarado Nocholas Bequelin, un investigador de Human Rights Watch, organización que defiende los derechos humanos.

"Lo más importante de esta ley es que permitirá a la sociedad civil intervenir para controlar y presionar, con la idea de mejorar la gestión de la salud mental en China, incluyendo... presión para una mayor transparencia y una reducción progresiva de los derechos de la policía", señala Bequelin.

Los activistas han sostenido durante mucho tiempo que las autoridades fuerzan a las personas que consideren problemáticas a ingresar en hospitales psiquiátricos sin aportar ninguna prueba de sus supuestos delitos.

 

Disidentes y familiares incómodos


La táctica ha sido utilizada para silenciar a disidentes, denunciantes y demandantes. Más recientemente, se ha utilizado por personas en contra de sus parientes cuando tenían alguna disputa familiar.

Es el caso de Chen Guoming, propietario de una tienda de oro antiguo, que se vio obligado por su esposa a ingresar en un asilo en 2011 y permaneció encerrado durante 56 días tras negarse a prestar dinero a la familia de su esposa, según informa Xinhua. El hombre denunció este hecho a los tribunales que finalmente exigieron al hospital que pagase al hombre 5.000 yuanes (791 dólares) en compensación por "violar la libertad personal del ciudadano".

La nueva ley prohíbe los exámenes de salud mental si se realizan en contra de la voluntad de la propia persona. También estipula que cualquier diagnóstico que desvele una enfermedad mental debe ser hecho por un psiquiatra cualificado. Además, los pacientes pueden decidir recibir o no el tratamiento por voluntad propia. Sólo aquellos que sean diagnosticados con un grave problema mental y exista la posibilidad de autolesionarse o herir a otros, deben recibir un tratamiento obligatorio hospitalizado.

Pero Bequelin todavía sigue preocupado con la policía, que confina a las personas que consideran alborotadoras en hospitales psiquiátricos de este país.

China ha sido criticada desde hace tiempo por no contar con una ley de salud mental, ya que no ofrecía a las personas el derecho a una revisión independiente de su estado de salud mental.

La falta de una ley desobedecía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de la ONU, ratificada por China en 2008, según un informe publicado el pasado agosto del grupo Defensores Chinos de los Derechos Humanos

China tiene cerca de 16 millones de personas que sufren de trastornos mentales graves, según el Ministerio de Salud de dicho país.

El ministro de Salud Pública chino, Chen Zhu, admitió en su informe presentado a la Asamblea Popular Nacional en octubre del año pasado, que la falta de protocolos para el tratamiento obligatorio de enfermos con algún trastorno mental es uno de los principales problemas en los servicios sanitarios de esta área

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