El Senado aprueba una propuesta del PSOE para permitir pruebas diagnósticas, asistencia y tratamiento a todos los enfermos de VIH
Madrid (11/10/2012) - Redacción
• Encarnación Llenares, que defendió la enmienda, muestra su satisfacción por el consenso de la Cámara y advierte de que su grupo estará atento para que se cumplan los objetivos de la moción y no se quede en una mera declaración de intenciones
• Desde SEISIDA se estima que la crisis no debe ser motivo, o una excusa, para que España pierda su protagonismo en la prevención y el tratamiento del VIH, destacando la "paradoja" de que defienda estas actuaciones en los países más pobres
El Senado ha aprobado una enmienda transaccional firmada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del Grupo Mixto, moción original del Grupo Socialista dirigida a permitir las pruebas diagnósticas, la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento a todos los enfermos de VIH. La senadora del PSOE por Alicante, Encarnación Llinares, defendió el contenido de la propuesta y mostró su enorme satisfacción por el acuerdo alcanzado por la mayoría de la Cámara. A su juicio, este consenso "es lo que espera la sociedad de nosotros".
Llinares también subrayó que su grupo "va estar muy atento para que esta propuesta se cumpla y no se quede en una mera declaración de intenciones". La parlamentaria del PSOE explicó que el Real Decreto Ley que excluye a los inmigrantes de la atención sanitaria sigue en vigor y, por ello, añadió que espera que el Gobierno dicte normas adicionales para que se cumpla lo aprobado en esta Cámara.
Encarnación Llinares afirmó que el Grupo Socialista ha presentado esta moción por una cuestión de "justicia social y salud pública" y añadió que el Real Decreto Ley anteriormente citado supone "una reforma ideológica, injusta, ineficaz, insolidaria, excluyente y cruel".
En este sentido, agregó que "limitar el derecho de salud de los colectivos más vulnerables rompe un principio de consenso básico de nuestro SNS" y destacó que "pese a lo que algunos creen, eliminar la atención sanitaria a los emigrantes supone un ahorro poco relevante pero su impacto, en materia de salud, será enorme".
Llinares aseguró que, con la inmigración, se hace mucha demagogia y se construyen discursos enormemente populistas y desmintió que este colectivo utilice de forma excesiva los servicios sanitarios y los hagan menos sostenibles.
Por último, la senadora socialista detalló los puntos en los que se divide la enmienda transaccional finalmente aprobada. En primer lugar, se insta al Gobierno a dar acceso universal a las pruebas diagnósticas sin exclusión de ningún grupo de población para determinar la infección por el VIH. También se propone garantizar la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento para todas las personas residentes en nuestro país infectadas por el VIH (con independencia de su condición de asegurados).
Además, se reclama al Ejecutivo reforzar su compromiso en la lucha contra el VIH, a través del futuro Plan Nacional de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, incorporando la detección precoz como objetivo prioritario. Por último, se pide avanzar en la Guía de Recomendaciones de Diagnóstico del VIH que está elaborando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para su pronta puesta a disposición del Sistema Nacional de Salud.
SEISIDA habla de "medir las consecuencias"
El pasado 1 de agosto dejaron de estar en vigor las tarjetas sanitarias expedidas a inmigrantes que no pudieron acreditar su residencia legal en España, con lo que la población inmigrante en situación irregular perdió los derechos a la asistencia de los que gozaba desde el año 2000. La Sociedad Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), mantiene que esta medida "tiene y tendrá consecuencias sanitarias y económicas relacionadas con el control el VIH en nuestro país".
Así, un estudio publicado en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por José A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) y Federico Pulido (Hospital 12 de Octubre, Madrid), muestra que en España hay unos 400.000 inmigrantes en situación irregular, de los que varios miles estarían infectados por el VIH. De este colectivo únicamente entre el 65 y el 70 por ciento conocería su infección y, de éstos, una mayoría estaría recibiendo tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). El análisis señala que unas 3.000 personas 'sin papeles' con VIH se habrían quedado fuera del SNS y, por ende, de poder acceder a los antirretrovirales.
Las consecuencias de esta decisión, apunta el informe, consistirán en: un aumento de la mortalidad de los individuos infectados; un incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; un aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas a la población general, y una mayor probabilidad de transmisión materno-fetal del VIH.
Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria. De hecho, en este contexto tan "economicista", muchos estudios han demostrado que, a medio plazo, es mucho más barata la prevención que el tratamiento antirretroviral, con un coste de alrededor 8000 euros al año por persona.
Cuestión de Salud Pública
SEISIDA, junto con otras muchas sociedades y organizaciones, ya ha advertido de los riesgos en términos de Salud Pública de esta decisión y por eso trabaja para garantizar el acceso universal al diagnóstico y tratamiento de la infección VIH con independencia de la situación administrativa de las personas. No tratar, así como no diagnosticar, no sólo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una cuestión de Salud Pública, no sólo de igualdad y equidad, sostiene.
"Asumir el coste del tratamiento del VIH resulta imposible para la mayoría de las personas que carecen de tarjeta sanitaria y, una persona sin tratar, no sólo atenta contra su salud individual, sino que supone un importante riesgo desde el punto de vista de salud pública, debido a que aumenta su capacidad de transmitir el virus a otras personas, con o sin tarjeta sanitaria", señala la Sociedad.
Por eso, al igual que otras organizaciones, SEISIDA ha promovido una campaña de firmas entre los profesionales sanitarios que atienden a las personas que viven con VIH y sida para que el Gobierno reconsidere su postura y garantice una Sanidad universal y gratuita. Más de 700 personas ya se han adherido a esta iniciativa.
El control de la epidemia del VIH es una prioridad mundial reconocida en los tratados internacionales firmados por nuestro país; así, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio auspiciados por Naciones Unidas, se propone lograr el acceso universal al tratamiento del VIH y el sida para todas las personas que lo necesiten. La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La paradoja española
"Resulta paradójico que sea precisamente España el país en donde se recorten los derechos al acceso a la Sanidad. Nuestro país ha estado en la vanguardia en la lucha contra el VIH y el sida y ha sido impulsor de iniciativas para el acceso al tratamiento antirretroviral en los países con menos recursos. Así lo ha demostrado adhiriéndose a iniciativas como la Declaración de Dublín sobre Cooperación para luchar contra el VIH/Sida en Europa y Asia Central: Breaking the Barriers', firmada en Dublín en febrero de 2004", explica SEISIDA.
En ella se declaraba: 'La prevención de la infección por VIH, mediante la promoción de conductas y prácticas sexuales más seguras y responsables, incluyendo el uso del preservativo, debe ser la norma de la respuesta subnacional, nacional, regional e internacional ante la epidemia y que la prevención, el cuidado y el apoyo y tratamiento de las personas infectadas y afectadas por el VIH y el sida son elementos que se refuerzan mutuamente para una respuesta eficaz y deben contemplarse en un enfoque integral para combatir la epidemia'.
"Por eso, parece contradictorio que se apoye la necesidad de tratar a todos los afectados en países pobres y que dejemos sin tratar en nuestro país a personas procedentes de esos países", añade.
España también participó activamente en el documento de la comisión al Parlamento Europeo, al consejo al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 'Lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países vecinos, 2009-2013', en el que, en el capítulo titulado 'Acceso universal a prevención, tratamiento, atención y apoyo' se subrayaba que "es necesaria una financiación adecuada y un apoyo político para lograr el 'acceso universal' en toda Europa". En el documento se señala que las infecciones por VIH pueden prevenirse y tratarse, y por lo tanto debe contarse con "información e infraestructuras de atención sanitaria efectivas".
Desde SEISIDA se estima que la crisis no debe ser motivo, o una excusa, para que España pierda su protagonismo en la prevención y el tratamiento del VIH.
Por todo ello SEISIDA se suma a cualquier iniciativa y campaña que promueva el acceso universal y gratuito a la Sanidad en nuestro país, independientemente de su situación administrativa, nacionalidad..., y manifiesta su apoyo a la moción presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista. "Aunque estas mociones del Senado no son vinculantes para el Gobierno, suponen un hito importante al llevar la discusión más allá de los foros ciudadanos hasta el mismo núcleo de la decisión política", señala.
Llinares también subrayó que su grupo "va estar muy atento para que esta propuesta se cumpla y no se quede en una mera declaración de intenciones". La parlamentaria del PSOE explicó que el Real Decreto Ley que excluye a los inmigrantes de la atención sanitaria sigue en vigor y, por ello, añadió que espera que el Gobierno dicte normas adicionales para que se cumpla lo aprobado en esta Cámara.
Encarnación Llinares afirmó que el Grupo Socialista ha presentado esta moción por una cuestión de "justicia social y salud pública" y añadió que el Real Decreto Ley anteriormente citado supone "una reforma ideológica, injusta, ineficaz, insolidaria, excluyente y cruel".
En este sentido, agregó que "limitar el derecho de salud de los colectivos más vulnerables rompe un principio de consenso básico de nuestro SNS" y destacó que "pese a lo que algunos creen, eliminar la atención sanitaria a los emigrantes supone un ahorro poco relevante pero su impacto, en materia de salud, será enorme".
Llinares aseguró que, con la inmigración, se hace mucha demagogia y se construyen discursos enormemente populistas y desmintió que este colectivo utilice de forma excesiva los servicios sanitarios y los hagan menos sostenibles.
Por último, la senadora socialista detalló los puntos en los que se divide la enmienda transaccional finalmente aprobada. En primer lugar, se insta al Gobierno a dar acceso universal a las pruebas diagnósticas sin exclusión de ningún grupo de población para determinar la infección por el VIH. También se propone garantizar la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento para todas las personas residentes en nuestro país infectadas por el VIH (con independencia de su condición de asegurados).
Además, se reclama al Ejecutivo reforzar su compromiso en la lucha contra el VIH, a través del futuro Plan Nacional de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, incorporando la detección precoz como objetivo prioritario. Por último, se pide avanzar en la Guía de Recomendaciones de Diagnóstico del VIH que está elaborando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para su pronta puesta a disposición del Sistema Nacional de Salud.
SEISIDA habla de "medir las consecuencias"
El pasado 1 de agosto dejaron de estar en vigor las tarjetas sanitarias expedidas a inmigrantes que no pudieron acreditar su residencia legal en España, con lo que la población inmigrante en situación irregular perdió los derechos a la asistencia de los que gozaba desde el año 2000. La Sociedad Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), mantiene que esta medida "tiene y tendrá consecuencias sanitarias y económicas relacionadas con el control el VIH en nuestro país".
Así, un estudio publicado en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por José A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) y Federico Pulido (Hospital 12 de Octubre, Madrid), muestra que en España hay unos 400.000 inmigrantes en situación irregular, de los que varios miles estarían infectados por el VIH. De este colectivo únicamente entre el 65 y el 70 por ciento conocería su infección y, de éstos, una mayoría estaría recibiendo tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). El análisis señala que unas 3.000 personas 'sin papeles' con VIH se habrían quedado fuera del SNS y, por ende, de poder acceder a los antirretrovirales.
Las consecuencias de esta decisión, apunta el informe, consistirán en: un aumento de la mortalidad de los individuos infectados; un incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; un aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas a la población general, y una mayor probabilidad de transmisión materno-fetal del VIH.
Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria. De hecho, en este contexto tan "economicista", muchos estudios han demostrado que, a medio plazo, es mucho más barata la prevención que el tratamiento antirretroviral, con un coste de alrededor 8000 euros al año por persona.
Cuestión de Salud Pública
SEISIDA, junto con otras muchas sociedades y organizaciones, ya ha advertido de los riesgos en términos de Salud Pública de esta decisión y por eso trabaja para garantizar el acceso universal al diagnóstico y tratamiento de la infección VIH con independencia de la situación administrativa de las personas. No tratar, así como no diagnosticar, no sólo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una cuestión de Salud Pública, no sólo de igualdad y equidad, sostiene.
"Asumir el coste del tratamiento del VIH resulta imposible para la mayoría de las personas que carecen de tarjeta sanitaria y, una persona sin tratar, no sólo atenta contra su salud individual, sino que supone un importante riesgo desde el punto de vista de salud pública, debido a que aumenta su capacidad de transmitir el virus a otras personas, con o sin tarjeta sanitaria", señala la Sociedad.
Por eso, al igual que otras organizaciones, SEISIDA ha promovido una campaña de firmas entre los profesionales sanitarios que atienden a las personas que viven con VIH y sida para que el Gobierno reconsidere su postura y garantice una Sanidad universal y gratuita. Más de 700 personas ya se han adherido a esta iniciativa.
El control de la epidemia del VIH es una prioridad mundial reconocida en los tratados internacionales firmados por nuestro país; así, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio auspiciados por Naciones Unidas, se propone lograr el acceso universal al tratamiento del VIH y el sida para todas las personas que lo necesiten. La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La paradoja española
"Resulta paradójico que sea precisamente España el país en donde se recorten los derechos al acceso a la Sanidad. Nuestro país ha estado en la vanguardia en la lucha contra el VIH y el sida y ha sido impulsor de iniciativas para el acceso al tratamiento antirretroviral en los países con menos recursos. Así lo ha demostrado adhiriéndose a iniciativas como la Declaración de Dublín sobre Cooperación para luchar contra el VIH/Sida en Europa y Asia Central: Breaking the Barriers', firmada en Dublín en febrero de 2004", explica SEISIDA.
En ella se declaraba: 'La prevención de la infección por VIH, mediante la promoción de conductas y prácticas sexuales más seguras y responsables, incluyendo el uso del preservativo, debe ser la norma de la respuesta subnacional, nacional, regional e internacional ante la epidemia y que la prevención, el cuidado y el apoyo y tratamiento de las personas infectadas y afectadas por el VIH y el sida son elementos que se refuerzan mutuamente para una respuesta eficaz y deben contemplarse en un enfoque integral para combatir la epidemia'.
"Por eso, parece contradictorio que se apoye la necesidad de tratar a todos los afectados en países pobres y que dejemos sin tratar en nuestro país a personas procedentes de esos países", añade.
España también participó activamente en el documento de la comisión al Parlamento Europeo, al consejo al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 'Lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países vecinos, 2009-2013', en el que, en el capítulo titulado 'Acceso universal a prevención, tratamiento, atención y apoyo' se subrayaba que "es necesaria una financiación adecuada y un apoyo político para lograr el 'acceso universal' en toda Europa". En el documento se señala que las infecciones por VIH pueden prevenirse y tratarse, y por lo tanto debe contarse con "información e infraestructuras de atención sanitaria efectivas".
Desde SEISIDA se estima que la crisis no debe ser motivo, o una excusa, para que España pierda su protagonismo en la prevención y el tratamiento del VIH.
Por todo ello SEISIDA se suma a cualquier iniciativa y campaña que promueva el acceso universal y gratuito a la Sanidad en nuestro país, independientemente de su situación administrativa, nacionalidad..., y manifiesta su apoyo a la moción presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista. "Aunque estas mociones del Senado no son vinculantes para el Gobierno, suponen un hito importante al llevar la discusión más allá de los foros ciudadanos hasta el mismo núcleo de la decisión política", señala.
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