Tribuna. El mancillado honor de los facultativos de APD

La estatutarización forzosa de los 3.500 facultativos titulares o médicos de APD es una medida unilateral que apenas tendrá repercusión en la buscada sostenibilidad del SNS, además de traer consecuencias laborales en las comunidades. El autor alega, además, que es inconstitucional, no responde a una situación de urgencia, y obvia la integración voluntaria que muchos médicos vienen haciendo en sus respectivos servicios de salud.

José Luis Navas. Secretario del Sindicato Médico de Córdoba y médico titular | 30/05/2012 00:00

El Gobierno del PP, con el Real Decreto-ley 16/2012, ha abordado las reformas de la sanidad pública con una serie de decisiones muy polémicas y más que discutibles desde el punto de vista profesional, económico, social y político, pero en cierta manera ya conocidas o anunciadas con anterioridad. Pero lo que no era conocido ni esperado -ni siquiera por gran parte del entorno político-sanitario del propio PP- era el trato que este decreto iba a dispensar al colectivo de funcionarios pertenecientes al cuerpo de médicos titulares, familiarmente conocidos como médicos de APD. Modificando el Estatuto Marco, se fija un plazo (inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2012) para que estos médicos abandonen la condición de funcionario y se integren en la de personal estatutario. Para animar a los indecisos a emprender tan atractivo camino, el Gobierno advierte de que quienes no opten por la estatutarización serán objeto de un proceso de movilidad a órganos administrativos no pertenecientes a las instituciones sanitarias. En pocas palabras: tú, médico funcionario de APD, te integras como estatutario o te expulso de la sanidad pública. Sin más. Ni siquiera la inútil corrección de errores publicada en el BOE, con prolongación de la fecha de integración hasta 2013 y un intrigante "respeto de los derechos adquiridos", pueden calmar la indignación de los afectados si se mantiene la estatutarización forzosa y la pérdida de la condición de funcionarios.

El Gobierno ha decidido otorgar al cuerpo de médicos titulares el inmenso honor de ser el primer colectivo de funcionarios sacrificado en esta guerra contra la deuda, contra los mercados, contra las agencias de calificación, contra los índices... ¿Contra quién, señores y señoras del Gobierno? Les han bastado dos escuetos párrafos en el BOE para hacer desaparecer más de 150 años de historia de un cuerpo responsable del desarrollo de la salud pública hasta en el más recóndito pueblo de nuestro país, y pieza clave en la reforma de la atención primaria de la que tanto presumen nuestros dirigentes. El Gobierno quiere definir homogéneamente la regulación de categorías, retribuciones y medidas de acción social del SNS, y es una decisión legítima, pero el camino que ha emprendido es claramente inconstitucional, no obedece a una situación de urgencia, no aporta nada a la sostenibilidad del sistema y demuestra una absoluta ignorancia de la realidad de la integración de los médicos de APD en la mayoría de los servicios de salud. Han actuado bajo el injusto y conocido "visto uno, vistos todos".

Bastan dos párrafos en el 'BOE' para hacer desaparecer 150 años de historia

Consecuencias laborales

El Gobierno debería recordar que el Real Decreto 137/84, sobre estructuras básicas de salud, de 11 de enero, del Ministerio de Sanidad y Consumo, reconoce como miembros natos del equipo de atención primaria a los funcionarios técnicos del Estado al servicio de la sanidad local adscritos a los cuerpos de médicos titulares radicados en la zona básica. Sus funciones, tareas y competencias pertenecen al ámbito de la atención primaria, donde el que menos lleva 30 años de labor diaria.

El Gobierno del Partido Popular debería saber que lo que pretende -homogeneizar funcional y retributivamente al personal funcionario y estatutario-, hay comunidades autónomas que lo hicieron, hace ya 25 años, sin necesidad de cambiar la vinculación de su personal funcionario, el cual se encuentra plenamente integrado en su puesto de trabajo. Por lo tanto, hay capacidad y oportunidad para alcanzar su objetivo con las negociaciones necesarias en el ámbito de las pocas comunidades que aún mantienen el antiguo sistema.

El Gobierno del Partido Popular debe saber que si insiste en la estatutarización de los funcionarios creará un grave problema en las comunidades autónomas. Los médicos de APD han manifestado ya su voluntad de no integrarse en el régimen estatutario, a pesar de la amenaza de ser apartados de la asistencia sanitaria. ¿Alguien se ha preguntado dónde recolocarán a más de 3.500 funcionarios del grupo A1? ¿Y si las comunidades autónomas, asfixiadas por el control del déficit, no nos quieren en esa nueva situación y nos devuelven al Estado? Al fin y al cabo nos transfirieron como médicos asistenciales. ¿Se imaginan la situación? 3.500 funcionarios recolocados en Dios sabe dónde, 3.500 plazas de médicos de primaria vacantes, una tasa de reposición de personal del 10 por ciento, ofertas de empleo congeladas...

El Gobierno del Partido Popular puede aún enmendar su error con los APD, al tiempo que consigue homogeneizar el SNS, si retira el articulado correspondiente y lo regula mediante una norma consensuada y clarificadora de todas las dudas y posibles conflictos surgidos. Lo contrario creará un colosal problema y servirá como aviso a navegantes para el resto del colectivo de médicos de este país, poniéndonos sobre aviso de que el futuro es bastante incierto y de que tenemos un Gobierno del que es difícil fiarse ante los grandes compromisos que, como médicos de la sanidad pública, se nos van a pedir.