El Congreso vota este martes una moción de IU que insta al Gobierno a derogar el RDL 16/2012
Madrid (29/05/2012) - E.P.
Esta propuesta, que será defendida por Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a la ministra de Sanidad en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de Sanidad universal
El Pleno del Congreso vota este martes una moción de Izquierda Unida que insta al Gobierno a derogar el Real Decreto Ley 16/2012, aprobado en la Cámara Baja la pasada semana, y que retome también las negociaciones en favor de un Pacto por la Sanidad con el consenso de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
Esta propuesta, que será defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de Sanidad universal, hacia un modelo de seguro y por afectar al derecho a la salud y romper con el consenso sanitario.
En esta moción plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.
Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria.
Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.
Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario
Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficiencia".
De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.
En esta moción plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.
Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria.
Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.
Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario
Así las cosas, Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficiencia".
De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.
Esta propuesta, que será defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de Sanidad universal, hacia un modelo de seguro y por afectar al derecho a la salud y romper con el consenso sanitario.
En esta moción plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.
Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria.
Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.
Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario
Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficiencia".
De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.
En esta moción plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.
Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria.
Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.
Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario
Así las cosas, Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficiencia".
De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.
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