segunda del cita Foro Sanidad y Derecho
La exigencia extrema del CI aumenta la medicina defensiva
Las reclamaciones por falta de consentimiento informado (CI) prosperan en los tribunales ante el desconcierto de la profesión médica. Abogados y facultativos buscan soluciones.
Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es | 15/10/2012 00:00
Javier Cobas Gamallo, subdirector gerente del Hospital Materno Infantil de La Paz; Alejandro Fernández-Sordo Cabal, abogado de la Comunidad de Madrid; Pedro Sabando Suárez, jefe emérito del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Princesa; Fernando Bandrés Moya, profesor de Medicina Legal de la Universidad Complutense; Fernando Santa Cecilia García, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y, en el centro, Ana Berrocal Lanzarot, profesora de Derecho Civil de la Complutense. (Lenda)
Encabezando esa extensa documentación está la sentencia que el Tribunal Constitucional pronunció en mayo de 2011, y que el mundo del Derecho Sanitario interpretó como un cambio en la jurisprudencia sobre el documento de información. En la resolución, el tribunal condenó a la Administración sanitaria por falta de CI en una intervención de un joven que, según la interpretación médica, se encontraba ante "un riesgo inmediato grave para su integridad física" y, por tanto, eximía al facultativo de solicitar la firma del CI, atendiendo a lo que recoge el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente . El Constitucional no admitió ese argumento.
- exento de consentimiento "Le corresponde al médico decidir cuándo el enfermo está ante un riesgo inmediato y grave", dice Ana Berrocal, profesora de Derecho Civil
Pero, entonces, ¿quién determina la situación de riesgo de un enfermo? Según Ana Berrocal Lanzarot, profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense, "corresponde al médico decidir cuándo el enfermo está ante un riesgo inmediato y grave para su vida"; y añade que "el Constitucional debería haber aclarado esa competencia del facultativo".
Fernando Bandrés Moya, profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director del Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina, sitúa el fallo del Constitucional dentro de la mirada que toda la magistratura está proyectando sobre el documento del consentimiento informado "nos guste o no", apunta.
El panorama actual, según Bandrés, responde al cambio de relación médico- paciente, que ha llevado a lo que el facultativo califica como una autonomitis, y que se puede interpretar con un exceso de protección de la autonomía en la decisión del paciente; "y que terminará en una autonómosis, que es una degeneración de ese proceso".
No es posible recabar el CI para cada acto médico, tampoco obliga la ley, pero la realidad judicial está diciendo lo contrario y así lo recomiendan los abogados: por si acaso, deje todo por escrito.
Bandrés asegura que recibe numerosas solicitudes de hospitales para que elabore documentos de CI ajustados a cada acto médico y señala que, antes de caer en esa tentación que puede llevar a imposibilitar la práctica sanitaria, recomienda al médico que deje todo reflejado en la historia clínica, "también la información".
Abogados en hospitales
En un hospital donde un paciente es atendido por distintos facultativos, Bandrés aclara que "el médico responsable de la entrega del CI al enfermo es el médico que genera el riesgo". Pero esa división de responsabilidades no es fácil, según Pedro Sabando Suárez, jefe emérito del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, que alude a la medicina defensiva como una respuesta al clima de litigiosidad que envuelve la actividad sanitaria. "Hay despachos de abogados repartiendo tarjetas en los halls de los hospitales y preguntando a los pacientes si están contentos con la atención que han recibido", afirma. Esta cultura de la reclamación ya ha llegado a los residentes que encargan pruebas para cubrirse las espaldas de posibles demandas y señala: "Hay que que denunciarla".
Fernando Santa Cecilia García, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, ofrece una solución: "Si yo fuera médico y me llevaran ante el juez por una demanda sin fundamento, no dudaría reclamar en los tribunales por una violación de la protección a la intimidad, a la propia imagen y al honor".
La Sala Civil del Tribunal Supremo, que preside Juan Antonio Xiol Ríos, dictó una sentencia el pasado abril en la que reconoció a un médico su derecho a ser indemnizado por una mujer que había propagado por internet difamaciones contra su actividad. La condenada era la madre de un menor al que había tratado el facultativo. El alto tribunal hizo prevalecer el derecho al honor del médico sobre la libertad de expresión de la mujer (ver DM 4-V-2012).
Pero a pesar de los antecedentes jurisprudenciales que existen sobre la protección del honor profesional, la propuesta de Santa Cecilia no parece tener muchos adeptos. Abogados y médicos coinciden en que hay que buscar soluciones a la judicialización del acto sanitario. "Desde la profesión médica debemos tener la capacidad de responder", dice Bandrés, de lo que se puede entender que hasta ahora no se ha hecho.
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