El Constitucional admite a trámite el recurso contra la subasta de fármacos
La decisión implica la suspensión durante cinco meses de la norma andaluza
Reyes Rincón Sevilla 14 MAY 2012 - 13:39 CET
Algunos de los medicamentos seleccionados por la Junta de Andalucía. / PÉREZ CABO
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía. Esta admisión, según la resolución adoptada en el pleno del alto tribunal el pasado 8 de mayo, implica la suspensión durante cinco meses “de la vigencia y aplicación” de la norma impugnada, en este caso, la resolución por la que la Consejería de Salud anunció la convocatoria para la adjudicación pública de algunos de los principios activos más consumidos
En este plazo de cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que decida sobre su constitucionalidad. Los precedentes son favorables a los intereses del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.
Los servicios jurídicos de la Junta tendrán ahora que dirimir si la resolución del Constitucional afecta también a los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron con el SAS. En un principio, la Consejería de Salud entiende que la suspensión del alto tribunal no tiene carácter retroactivo, por lo que ya todo listo para que, a partir del 1 de junio, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.
El recurso del Gobierno ante el Constitucional se basa en un dictamen del Consejo de Estado que considera que la subasta invade competencias del Ejecutivo central, que es el que fija el precio de los medicamentos sujetos a prescripción médica.
En este plazo de cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que decida sobre su constitucionalidad. Los precedentes son favorables a los intereses del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.
Los servicios jurídicos de la Junta tendrán ahora que dirimir si la resolución del Constitucional afecta también a los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron con el SAS. En un principio, la Consejería de Salud entiende que la suspensión del alto tribunal no tiene carácter retroactivo, por lo que ya todo listo para que, a partir del 1 de junio, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.
El recurso del Gobierno ante el Constitucional se basa en un dictamen del Consejo de Estado que considera que la subasta invade competencias del Ejecutivo central, que es el que fija el precio de los medicamentos sujetos a prescripción médica.
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