Se demandan gestores con cabeza

No habría problema de financiación en Sanidad si se asume un compromiso con la buena gestión

Enrique Martínez Flórez 26 MAY 2012 - 22:20 CET

Es la gestión, estúpido. Discúlpenme la poca originalidad por parafrasear aquel lema tan acertado de la campaña en la que Clinton venció a Bush padre. Pero creo que se ajusta y es predicable de la postura del Decreto Ley que establece los recortes en materia de educación y, sobre todo, en sanidad. Eliminar la atención a crónicos inmigrantes sin papeles o eliminar la atención dieto-terapéutica en poco, por no decir, en nada acercan al objetivo de ahorro de los 3.000 millones. El copago farmacéutico tampoco sumará realmente, probablemente un ingreso demasiado importante una vez descontado el coste de su implantación, si es que el sistema de contribución en función de la renta pudiera implantarse. Lo injusto de las medidas, sobre todo la falta de atención a los supuestos mencionados que detallaba este periódico hace unas semanas, que pueden suponer hasta una pena de muerte, se une a su falta de virtualidad.

Hace ya casi dos años escribía yo en esta misma tribuna a propósito de la sostenibilidad del sistema sanitario. No voy a cometer la petulancia de autocitarme, sino al contrario, me veo en la obligación de rectificar en cierta medida. Me explico. En aquella colaboración pretendía con mi propio caso, hacer ver el valor de los bienes de naturaleza pública y reflexionar sobre el valor que damos a lo colectivo, que en lugar de parecernos algo propio, nos viene a parecer algo ajeno, incluso cuya utilización parece que está en competencia con la de los demás. Para ilustrar esta reflexión hacía mención de ciertos datos que no voy a reproducir pero que sucintamente venían a decir que el número de consultas en España era desproporcionadamente superior al del resto de la Europa-15; que entre el 40 y el 80% de los tratamientos de urgencia, en realidad no revestían esta necesidad. Por otra parte, en los últimos tiempos hemos recibido información más que suficiente sobre el malgasto farmacéutico para justificar el copago. Por otra parte, también hice referencia a la presión que por parte de los ciudadanos reciben los profesionales para expedir más recetas de las necesarias o incluso para realizar pruebas completamente innecesarias y muy caras, tales como resonancias magnéticas, escáneres y análisis, en resumidas cuentas practicar lo que se ha dado en llamar la medicina defensiva.

Representantes de ELA y LAB denuncian la política sanitaria del Gobierno. / L. RICO

Parecía y no sin razón que cargué las tintas y la culpa de los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario sobre los pacientes, usuarios o ciudadanos, pero no sin dejar de reconocer que efectivamente, como sociedad carecemos de una conciencia de lo público como un verdadero patrimonio de cada ciudadano, como uno de los componentes de nuestros ingresos, el llamado salario indirecto, creo que fui injusto.

A esta situación o a estos problemas no son ajenos, ni con mucho, los profesionales y los gestores, cada uno con su responsabilidad mayor cuanto más alto es su situación en el escalafón.

No creo que nuestro sistema sanitario sea insostenible, antes bien creo que la sostenibilidad depende de una decisión política sobre prioridad en el gasto, pero sea o no sostenible el coste de este servicio es muy superior debido a la mala gestión. Ahora me referiré a cuestiones concretas pero ante todo mejorar la gestión es muy difícil sin un compromiso particular de los profesionales que son en ocasiones más que los gestores políticos depositarios y administradores del gasto y el servicio.

La privatización de la asistencia, por lo menos aquí en Euskadi, no va por el camino de las fundaciones privadas o la gestión privada de hospitales públicos. Aquí la privatización tiene dos vías, las concertaciones y las autoconcertaciones. Se trata en ambos casos de atención privada en aquellos casos en los que no llega la pública, es el caso de las listas de espera. En el primer caso, las clínicas privadas ofrecen sus servicios por un precio que, como es lógico incluye un beneficio, el segundo caso aún es más grave porque en este caso la actuación privada tiene lugar en los propios hospitales de la red pública.

La idea de la colaboración público-privada puede tener sus detractores y defensores, pero parece necesario como condición sine qua non que los recursos humanos y materiales de Osakidetza no estén infrautilizados y, mucho menos que, infrautilizados en su uso público se aproveche esa utilización para su explotación privada. Un ejemplo ilustrará mejor lo que quiero decir, los quirófanos de los hospitales de la red pública están cerrados a partir de las tres de la tarde, los miembros de los servicios quirúrgicos no operan todos los días ni todo lo que pueden porque por las mañanas no hay suficientes quirófanos, como es normal esto genera listas de espera por una utilización negligente de los medios humanos y materiales. Ante esta situación para paliar las listas de espera Osakidetza concierta con sus propios profesionales, infrautilizados, dejándoles sus instalaciones y el resto de su personal auxiliares, enfermeras, y celadores para que intervengan y cobren del Servicio Público. El 20% de las intervenciones de Osakidetza son autoconcertadas y un somero cálculo, no muy fiable, pero si orientativo, cifra este costo, porque es todo costo de mala gestión en unos 300.000 euros al mes, sólo en el Hospital Donostia.

Es un solo ejemplo pero ilustra que no existirá ningún problema de financiación si gerentes, directores de hospitales, jefes de servicio asumen un compromiso con la buena gestión de un derecho colectivo, de todos los ciudadanos.