El TC refrenda el modelo de financiación 'sanitario'

El Constitucional desestima el recurso andaluz contra el sistema de 2001, que obligaba a elevar el presupuesto de sanidad tanto como creciera el PIB.

Laura G. Ibañes | 24/10/2012 00:00

El Gobierno central sí tenía derecho a exigir a las comunidades autónomas que elevaran cada año su presupuesto sanitario en, al menos, lo mismo que creciera la economía nacional para evitar que con el tiempo se generaran desigualdades entre los servicios sanitarios de las diferentes comunidades.

Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que desestima el recurso presentado por Andalucía contra el modelo de financiación autonómica de 2001, en el que se incluyó esa obligación de incrementos presupuestarios para la sanidad autonómica.

Los hechos de la sentencia se remontan concretamente a 2001, fecha en la que, aprovechando las transferencias sanitarias a las diez autonomías que todavía no disponían de ellas, se diseñó el modelo de financiación autonómica. Grosso modo, el modelo atribuía el 43 por ciento de la financiación que recibían las autonomías a su obligación de prestar servicios sanitarios. Además se exigía que se incrementase el presupuesto sanitario en al menos lo que crecieran los ingresos tributarios del Estado cada año y se creaba un fondo de garantía sanitaria para nutrir a quien no pudiera hacerlo con sus recursos propios.

¿Invasión de competencias?
Andalucía, que había recibido las transferencias sanitarias años antes, recurrió esta cuestión ante el TC alegando que era una invasión de su capacidad de autogobierno y de gestión de sus recursos. Además, decía que la fórmula sobre el incremento presupuestario que se debía acometer en sanidad no se había pactado con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Tribunal Constitucional responde ahora a estas dos cuestiones rechazando con rotundidad el recurso andaluz. En opinión del TC el modelo de financiación de 2001 establece "la obligación de las autonomías de destinar a la gestión de la asistencia sanitaria un determinado volumen de los recursos que proporciona el sistema de financiación".

La sentencia explica expresamente que "de las previsiones del sistema de financiación autonómica se deriva la obligación de dotar presupuestariamente unos mínimos destinados a la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social [...]. Esta obligación conecta con las necesidades fundamentales de los ciudadanos cuya atención ha de producirse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio español". Y por ello, concretar en cuánto debe crecer el presupuesto sanitario "no supone una modificación sustancial de las reglas de financiación".

Mandan las Cortes
En cualquier caso, el TC añade además que "de la tacha de inconstitucionalidad denunciada [por Andalucía] subyace la idea de que el sistema de financiación autonómica no puede ser matizado o perfilado por las Cortes Generales sin el concurso previo de las autonomías. Pues bien, el principio de lealtad constitucional exige que el Gobierno extreme el celo por llegar a acuerdos con las autonomías, pero no que dichos acuerdos deban ser vinculantes. La tramitación como proyecto de ley de los acuerdos que se hayan adoptado en un órgano multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal, constituye una garantía procedimental que no impide, limita, ni menoscaba la potestad legislativa plena que ejercen las Cortes Generales", concluye la sentencia.

Comoquiera que sea, y aunque la disputa seguía abierta, el modelo de financiación se modificó en 2009 y actualmente las autonomías perciben el 38 por ciento de su financiación total en función de la población sanitaria protegida y un 8,5 por ciento por población mayor de 65 años, si bien ha desaparecido el carácter finalista de la financiación y la obligación e incrementos de la financiación sanitaria en función de la economía

Década de remiendos
Han pasado diez años desde que las últimas autonomías asumieron las competencias sanitarias. Pero el modelo de financiación que las amparó y que acaba de refrendar el TC ha sufrido tantos avatares en esta década que es casi irreconocible. Apenas dos años después de su estreno, y todavía sin crisis, el Gobierno se veía forzado a inyectar 3.000 millones extra a la sanidad. En 2009, con el déficit ya disparado, se reformaba la financiación, se eliminaba el fondo de garantía sanitaria y se introducían correcciones según las características de la población. En 2011 se diseñaba el plan de pago a proveedores ante facturas sanitarias impagadas de más de 15.000. Y en 2012...

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