No hay protesta por el hijo enfermo
La policía impide a una madre desplegar pancartas ante el Ministerio de Justicia para pedir la revisión del caso de un afectado de parálisis cerebral que ella atribuye a una negligencia
La mujer que protesta por una supuesta negligencia médica con su hijo, enfermo de parálisis cerebral. / BERNARDO PÉREZ
Exiquio Sánchez, el hijo de Lina Álvarez, nació hace 23 años con parálisis cerebral y una minusvalía del 85%. Su madre, de 59 años, lleva años intentando demostrar en los juzgados que esta deficiencia es el resultado de una amniocentesis mal practicada durante la que el ginecólogo perforó el cráneo del feto y dañó una arteria. “Es un chico alto, guapísimo, pero está todo el día babando, y yo no puedo hacer nada por él”, contaba esta mañana Álvarez.
Hasta ahora, Lina Álvarez ha perdido todos los embates judiciales y se ha arruinado a base de costas, peritajes científicos y compensaciones. El 50% de su nómina de médico de familia en Lugo está embargada porque debe a la aseguradora AMA 68.000 euros más costes procesales e intereses después de que se fallara que lesionó los derechos de la compañía exigiéndole una indemnización improcedente. “Ahora no puedo ni pagar a una cuidadora para que se ocupe del chico, y hay hasta que lavarlo y afeitarlo”, cuenta Lina.
Esta mañana, junto con un amigo llamado Miguel, se ha plantado en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, delante del Ministerio de Justicia, para exigir la revisión de su caso. Su objetivo es que los juzgados retomen la investigación para determinar qué le ocurrió a su hijo y cuál es la implicación de los tres médicos (dos ginecólogos y un pediatra) a los que ella considera culpables no solo de negligencia médica sino, sobre todo, de haberle ocultado el error, impidiéndole abortar. La elección de este espacio para protestar no es casual: en el mismo pasó 522 días acampada la familia Meño para reclamar la reapertura del caso de Antonio Meño, que está postrado en cama desde hace más de 20 años tras una fallida operación de nariz. Consiguieron que el Supremo revisara el caso tras la aparición de un testigo que contradecía los argumentos de los acusados.
Las pancartas de protesta de Lina y Miguel llevaban 10 minutos atadas a kioscos y árboles de la plaza cuando una pareja de agentes de la Policía Municipal se ha acercado para pedir que fueran retiradas. “¿Por qué? Si tenemos el derecho constitucional de hacerlo. Ante el tribunal de Estrasburgo las desplegamos sin problema. Si quieren que las quitemos, dennos una orden escrita”, se ha defendido Lina. Los policías han respondido que Estrasburgo será Estrasburgo pero que en Madrid “existe una ordenanza municipal que impide atar pancartas al mobiliario público”. En principio Miguel se ha resistido a retirar los carteles, pero Lina ha asegurado que no tenía ganas de discutir: “Está bien, pues las extendemos por el suelo”. Los agentes tampoco lo han aceptado, alegando que esa solución implicaría una ocupación ilegal del espacio público. Así, sin llegar a prohibirla, la protesta ha quedado limitada a Lina y Miguel de pie solos en medio de la calle.
Minutos después se les ha unido Juana Ortega, la madre de los Meño. Los guardas de seguridad del Ministerio de Justicia, edificio contra el que estuvo apostado su campamento, casi dos años han salido a saludarla. “Esto es una lucha terrible”, ha explicado luego Juana, “y no se acaba jamás”. Los Meño firmaron en 2011 un acuerdo de un millón de euros con los médicos, las aseguradoras y la clínica en la que se operó su hijo. Con la indemnización se acabó su lucha, pero Juana no está satisfecha. “Desde entonces vivo con depresión. Te hacen sentir que has vendido a tu hijo, cuando ese dinero en realidad no tapa nada del dolor que sientes”, contaba. Lina le daba la razón: “Nos hacen venir aquí a humillarnos, como si esto nos gustase. Yo protesto porque somos víctimas de una injusticia y quiero que los responsables paguen. Esto me ha destrozado la vida”.
El periplo judicial de Lina comenzó cuando en 1999 un neurólogo ligó la lesión de su hijo a problemas en la amniocentesis. En 2006 pidió una indemnización de 2.700.000 euros a los dos ginecólogos implicados en la prueba y a un pediatra al que acusa de haber ocultado durante los primeros meses de vida del niño que este sufría un subdesarrollo en el tamaño de la cabeza. Después de perder en la Audiencia provincial de Lugo, su caso encalló en el Tribunal Supremo por una incomparecencia de su abogado, al que Álvarez también ha denunciado. La mujer considera que en su contra han jugado el corporativismo dentro de la medicina y de la judicatura. “No creo que el problema ya sea el dinero, pero es que los implicados temen reconocer su error: les da vergüenza. Y ahora no me dejan ni manifestarme. Mi idea inicial era hacerlo frente al Congreso, pero cualquiera se acerca ahora”. No parece desde luego lo más sencillo: debido a las protestas sociales contra los recortes y los políticos, el Palacio de las Cortes lleva meses blindado por la policía.
La escena se ha repetido hoy a las 18.30 en la Puerta del Sol, donde Lina había desplegado sus pancartas y sentado a su hijo. Entonces, dos agentes de la Policía Local han vuelto a requerirla para que desalojara por ocupación de la vía pública.
Hasta ahora, Lina Álvarez ha perdido todos los embates judiciales y se ha arruinado a base de costas, peritajes científicos y compensaciones. El 50% de su nómina de médico de familia en Lugo está embargada porque debe a la aseguradora AMA 68.000 euros más costes procesales e intereses después de que se fallara que lesionó los derechos de la compañía exigiéndole una indemnización improcedente. “Ahora no puedo ni pagar a una cuidadora para que se ocupe del chico, y hay hasta que lavarlo y afeitarlo”, cuenta Lina.
Esta mañana, junto con un amigo llamado Miguel, se ha plantado en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, delante del Ministerio de Justicia, para exigir la revisión de su caso. Su objetivo es que los juzgados retomen la investigación para determinar qué le ocurrió a su hijo y cuál es la implicación de los tres médicos (dos ginecólogos y un pediatra) a los que ella considera culpables no solo de negligencia médica sino, sobre todo, de haberle ocultado el error, impidiéndole abortar. La elección de este espacio para protestar no es casual: en el mismo pasó 522 días acampada la familia Meño para reclamar la reapertura del caso de Antonio Meño, que está postrado en cama desde hace más de 20 años tras una fallida operación de nariz. Consiguieron que el Supremo revisara el caso tras la aparición de un testigo que contradecía los argumentos de los acusados.
Las pancartas de protesta de Lina y Miguel llevaban 10 minutos atadas a kioscos y árboles de la plaza cuando una pareja de agentes de la Policía Municipal se ha acercado para pedir que fueran retiradas. “¿Por qué? Si tenemos el derecho constitucional de hacerlo. Ante el tribunal de Estrasburgo las desplegamos sin problema. Si quieren que las quitemos, dennos una orden escrita”, se ha defendido Lina. Los policías han respondido que Estrasburgo será Estrasburgo pero que en Madrid “existe una ordenanza municipal que impide atar pancartas al mobiliario público”. En principio Miguel se ha resistido a retirar los carteles, pero Lina ha asegurado que no tenía ganas de discutir: “Está bien, pues las extendemos por el suelo”. Los agentes tampoco lo han aceptado, alegando que esa solución implicaría una ocupación ilegal del espacio público. Así, sin llegar a prohibirla, la protesta ha quedado limitada a Lina y Miguel de pie solos en medio de la calle.
Minutos después se les ha unido Juana Ortega, la madre de los Meño. Los guardas de seguridad del Ministerio de Justicia, edificio contra el que estuvo apostado su campamento, casi dos años han salido a saludarla. “Esto es una lucha terrible”, ha explicado luego Juana, “y no se acaba jamás”. Los Meño firmaron en 2011 un acuerdo de un millón de euros con los médicos, las aseguradoras y la clínica en la que se operó su hijo. Con la indemnización se acabó su lucha, pero Juana no está satisfecha. “Desde entonces vivo con depresión. Te hacen sentir que has vendido a tu hijo, cuando ese dinero en realidad no tapa nada del dolor que sientes”, contaba. Lina le daba la razón: “Nos hacen venir aquí a humillarnos, como si esto nos gustase. Yo protesto porque somos víctimas de una injusticia y quiero que los responsables paguen. Esto me ha destrozado la vida”.
El periplo judicial de Lina comenzó cuando en 1999 un neurólogo ligó la lesión de su hijo a problemas en la amniocentesis. En 2006 pidió una indemnización de 2.700.000 euros a los dos ginecólogos implicados en la prueba y a un pediatra al que acusa de haber ocultado durante los primeros meses de vida del niño que este sufría un subdesarrollo en el tamaño de la cabeza. Después de perder en la Audiencia provincial de Lugo, su caso encalló en el Tribunal Supremo por una incomparecencia de su abogado, al que Álvarez también ha denunciado. La mujer considera que en su contra han jugado el corporativismo dentro de la medicina y de la judicatura. “No creo que el problema ya sea el dinero, pero es que los implicados temen reconocer su error: les da vergüenza. Y ahora no me dejan ni manifestarme. Mi idea inicial era hacerlo frente al Congreso, pero cualquiera se acerca ahora”. No parece desde luego lo más sencillo: debido a las protestas sociales contra los recortes y los políticos, el Palacio de las Cortes lleva meses blindado por la policía.
La escena se ha repetido hoy a las 18.30 en la Puerta del Sol, donde Lina había desplegado sus pancartas y sentado a su hijo. Entonces, dos agentes de la Policía Local han vuelto a requerirla para que desalojara por ocupación de la vía pública.
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