La secretaria general de Sanidad explicará el martes en el Congreso cómo será la introducción del copago

Madrid (26-28/05/2012) - Redacción/E.P.

Ese mismo día se votará si se deroga el decreto de reforma sanitaria y el inicio de las negociaciones para un pacto de Estado por la Sanidad

La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, explicará este martes en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso la introducción de fórmulas de copago por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Como se recordará, el pasado 17 de mayo el Pleno de la Cámara Baja avaló el decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que el Gobierno prevé ahorrar más de 7.000 millones de euros, que recoge la implantación del copago farmacéutico y de algunas prestaciones sanitarias, como el transporte no urgente en ambulancia.

Además, a petición de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), explicará igualmente el cumplimiento de la universalización de la asistencia sanitaria, mientras que desde el PSOE han solicitado que Farjas dé cuenta de los planes de actuación y los objetivos de las políticas del área de su competencia. Desde CiU, se quiere que informe sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia sanitaria y farmacéutica.
Por su parte, será en el Pleno del Congreso donde se votará ese mismo martes, una moción de Izquierda Unida que insta al Gobierno a derogar el decreto ley de reforma sanitaria y que se retomen también las negociaciones en favor de un Pacto de Estado por la Sanidad, con el consenso de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.

Esta propuesta, que será defendida por el portavoz de la Izquierda Plural en la materia, y diputado de IU, Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió hace unos días a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de sanidad universal, hacia un modelo de seguro y por afectar al derecho a la salud y romper con el consenso sanitario. En esta moción se plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.

Precisamente, con la aprobación este pasado jueves del decreto de reforma sanitaria, los inmigrantes 'sin papeles' se quedarán sin asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencia o maternidad. En este sentido, Llamazares especifica en la moción su petición al Gobierno por que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes y, entre ellos, su derecho a la salud que "nada tiene que ver" con la mejora de gestión que evite el turismo sanitario.

Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria. Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.

Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correcciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario.

Así las cosas, Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficencia". De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.

Finalmente, reitera que al "imponer" el copago farmacéutico a los pensionistas se ha optado por "la peor decisión" posible porque penaliza a un colectivo "muy desfavorecido" económicamente y con una salud muy precaria. "No es aceptable la imposición a las personas con incapacidad física el copago de las prótesis que utilicen, incluidas las piernas ortopédicas y las sillas de ruedas, dificultando su integración social y laboral".

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Grande, pedirá el miércoles a Ana Mato que explique en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja cuánto les va a costar a los españoles la implantación del copago en la cobertura sanitaria. Igualmente, la parlamentaria socialista Soledad Pérez cuestionará a la titular de Sanidad por qué sigue manteniendo que ha universalizado la Sanidad.

Ese mismo día se votará si se deroga el decreto de reforma sanitaria y el inicio de las negociaciones para un pacto de Estado por la Sanidad

Redacción/E.P.

La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, explicará este martes en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso la introducción de fórmulas de copago por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Como se recordará, el pasado 17 de mayo el Pleno de la Cámara Baja avaló el decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que el Gobierno prevé ahorrar más de 7.000 millones de euros, que recoge la implantación del copago farmacéutico y de algunas prestaciones sanitarias, como el transporte no urgente en ambulancia.

Además, a petición de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), explicará igualmente el cumplimiento de la universalización de la asistencia sanitaria, mientras que desde el PSOE han solicitado que Farjas dé cuenta de los planes de actuación y los objetivos de las políticas del área de su competencia. Desde CiU, se quiere que informe sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia sanitaria y farmacéutica.
Por su parte, será en el Pleno del Congreso donde se votará ese mismo martes, una moción de Izquierda Unida que insta al Gobierno a derogar el decreto ley de reforma sanitaria y que se retomen también las negociaciones en favor de un Pacto de Estado por la Sanidad, con el consenso de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.

Esta propuesta, que será defendida por el portavoz de la Izquierda Plural en la materia, y diputado de IU, Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió hace unos días a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de sanidad universal, hacia un modelo de seguro y por afectar al derecho a la salud y romper con el consenso sanitario. En esta moción se plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.

Precisamente, con la aprobación este pasado jueves del decreto de reforma sanitaria, los inmigrantes 'sin papeles' se quedarán sin asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencia o maternidad. En este sentido, Llamazares especifica en la moción su petición al Gobierno por que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes y, entre ellos, su derecho a la salud que "nada tiene que ver" con la mejora de gestión que evite el turismo sanitario.

Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria. Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.

Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correcciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario.

Así las cosas, Llamazares argumenta que la Sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años. A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficencia". De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.

Finalmente, reitera que al "imponer" el copago farmacéutico a los pensionistas se ha optado por "la peor decisión" posible porque penaliza a un colectivo "muy desfavorecido" económicamente y con una salud muy precaria. "No es aceptable la imposición a las personas con incapacidad física el copago de las prótesis que utilicen, incluidas las piernas ortopédicas y las sillas de ruedas, dificultando su integración social y laboral".
Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Grande, pedirá el miércoles a Ana Mato que explique en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja cuánto les va a costar a los españoles la implantación del copago en la cobertura sanitaria. Igualmente, la parlamentaria socialista Soledad Pérez cuestionará a la titular de Sanidad por qué sigue manteniendo que ha universalizado la Sanidad.