Trinidad Jiménez: “los recortes en la Ley de Dependencia ponen en riesgo la calidad de la atención y la implantación definitiva de dicha normativa”

Madrid (25/05/2012) - Jorge Sánchez Franco

La secretaria de Política Social del PSOE ha concedido una entrevista a EL MÉDICO INTERACTIVO en la que señala que aunque en los últimos Presupuestos Generales del Estado desaparecen 283 millones de euros, el recorte total "asciende a 566 millones si sumamos las aportaciones de las autonomías, que dejan de ser obligatorias"

Los recortes en la Ley de Dependencia "suponen un ataque directo a la sostenibilidad económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y ponen en riesgo la calidad de la atención y la implantación definitiva de dicha normativa", ha apuntado Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE y diputada por Málaga, en una entrevista concedida en exclusiva a EL MÉDICO INTERACTIVO. Aunque en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desaparecen 283 millones de euros, el recorte total "asciende a 566 millones si sumamos las aportaciones de las autonomías, que dejan de ser obligatorias". Se quiebra así el régimen de cooperación y financiación previsto en dicha normativa entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

"El hecho de dejar de financiar la Ley de Dependencia hace imposible su implantación, lo que supone un ataque frontal al propio sistema que la normativa ha consolidado", señala la experta. A finales del mes abril, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitía a la Unión Europea el Plan Nacional de Reformas, donde se contempla el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia para los pacientes moderados hasta 2014, un año más de lo previsto tras la modificación legal impuesta el pasado diciembre que ya retrasó hasta 2013 la aplicación de la normativa a los cerca de 300.000 dependientes moderados que deberían haberse incorporado al SAAD este mismo año. "Algunas de estas personas verán agravada su situación de dependencia, lo cual se podría traducir en un mayor coste a largo plazo".

En la filosofía de la Ley de Dependencia se perseguía la concesión de ayudas económicas sólo de manera excepcional, aunque en la práctica no ha sido así. A este respecto, el mismo documento remitido a Bruselas por el Gobierno central habla de sustituir dichas compensaciones monetarias, dirigidas fundamentalmente a los cuidadores familiares, por servicios profesionales. Trinidad Jiménez cree que esto debe ocurrir de manera natural, al igual que en otros países de nuestro entorno, como Alemania. En el momento actual y por razones meramente culturales, "la inmensa mayoría de nuestros dependientes, muchos de ellos personas mayores, prefieren estar en sus casas y ser atendidos por sus familiares", explica. Sin embargo, "la tendencia cambiará cuando la normativa esté más consolidada".

El Gobierno socialista hizo una clara apuesta por los cuidadores familiares, la inmensa mayoría mujeres, con el objetivo de que pudieran percibir algún tipo de prestación económica y tuvieran derecho a una pensión. Fue entonces cuando se les empezó a dar de alta en la Seguridad Social. "Parece ser que el actual Ejecutivo pretende eliminar esto, lo cual nos parecería muy grave", señala. Otro aspecto que se quiere tocar es el actual baremo de valoración de las personas con dependencia, que es el mismo para toda España. "Me temo que lo único que se busca con esto es hacer más restrictivo el acceso al SAAD, tal y como viene ocurriendo en algunas comunidades autónomas, donde muchas personas que tenían reconocida su situación de dependencia están quedando al albur de los servicios sociales básicos, muy mermados por la crisis y por la propia Ley de Dependencia". De hecho, en los PGE "también se reduce de 86 a 46 millones de euros la partida destinada a la atención social que dan los ayuntamientos a las personas más necesitadas".