María Jesús Montero defiende la "universalidad, gratuidad y un sistema público abierto"
Sevilla (08/05/2012) - Redacción
• La consejera ha tomado posesión de su cargo al frente de la Consejería de Salud y Bienestar Social andaluza
• Califica la tarea de "apasionante" ya que uno de los retos más importante de la Junta es el mantenimiento y desarrollo de los derechos sociales
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha tomado posesión de su cargo en el Palacio de San Telmo junto al resto de los miembros del Gobierno Andaluz para la IX Legislatura. Montero ha calificado esta tarea de "apasionante" ya que "las principales dificultades de esta sociedad se encuentran en el mantenimiento y desarrollo de los derechos conquistados por la ciudadanía" que se convierte en uno de los "retos más importante del Gobierno".
La consejera ha situado como principal objetivo del Gobierno andaluz salir de la situación económica y crear situaciones para el empleo pero "sin retroceder en los derechos sociales". Montero ha asegurado que las experiencias previas del Gobierno, tanto en el ámbito de la salud y como en el de bienestar social, para buscar caminos distintos sin realizar recortes permitirán "afrontar el futuro con ilusión y con personas expertas capaces de seguir explorando eficiencia sin dar ningún paso atrás".
Sobre el planteamiento del Gobierno Central en el ámbito de la Sanidad, María Jesús Montero ha recordado la discrepancia desde Andalucía con las cuestiones planteadas que "no sólo producen recortes en las partidas presupuestarias, sino que se ponen los primeros pasos para el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud" que pasa de una cobertura universal a un sistema de aseguramiento. En este sentido, ha defendido la importancia de mantener "universalidad, gratuidad y un sistema público abierto".
Montero repite en su cargo ganando peso específico en el nuevo Ejecutivo de José Antonio Griñán y se convierte en referente de la política social de la Junta al incorporar las competencias de Bienestar Social, principalmente la atención a la dependencia.
Según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz, este martes los miembros del nuevo gabinete de Griñán celebrarán la primera reunión del Consejo de Gobierno, que previsiblemente se centrará en la aprobación de los decretos de organización, estructura y competencias de cada departamento dentro del nuevo organigrama del Ejecutivo y en los primeros nombramientos de segundo nivel.
La consejera de Salud y Bienestar Social ha manifestado que "uno de los primeros asuntos que se pongan sobre la mesa" del Consejo de Gobierno será la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las reformas en materia sanitaria realizadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras apuntar que los servicios jurídicos de la Junta "están estudiando con detenimiento" ese posible recurso, Montero ha declarado, tras conocerse su continuidad en el Ejecutivo, que las medidas que en el ámbito sanitario que está adoptando el Gobierno de Rajoy son un claro "cuestionamiento del Sistema Nacional de Salud como lo conocemos, con una falta de transparencia que no tiene parangón en la historia de democracia".
Así, ha lamentado que "a través de un Real Decreto se ha pasado de un modelo de sistema de Sanidad público, universal y gratuito para todos a un modelo de aseguramiento en el que progresivamente se quieren dar pasos de desmantelamiento del sistema nacional de salud". En este sentido, Montero ha asegurado que el Gobierno andaluz va a trabajar "con todos los recursos que tiene al alcance, incluido jurídicos", para garantizar el mantenimiento de este sistema sanitario.
Con respecto a los nuevos retos que afronta al asumir las responsabilidades también de Bienestar Social, ha señalado que "la dependencia", un derecho "recientemente conquistado que permanentemente está teniendo dificultades, fundamentalmente por falta de apoyo por parte del Gobierno de España".
Carrera Profesional del SAS
En otro orden de cosas, el Supremo ha desestimado el recurso de casación que había interpuesto la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ratifica la sentencia del TSJA del 22 de diciembre de 2008. El contencioso fue planteado en 2006 por un médico de familia malagueño contra algunos apartados del acuerdo entre el SAS y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Salud del 18 de julio de ese año. El pleito lo ha llevado el despacho Desler Abogados, de Granada. La sentencia del Supremo afecta a diez categorías y a miles de empleados estatutarios del SAS. El fallo -al ratificar el del TSJA- anula seis puntos del acuerdo entre la Administración y los sindicatos. Documentos completos de ambas sentencias y de la normativa afectada, la resolución de 31-7-06 de la Dirección General de personal y desarrollo profesional del SAS.
La sentencia es muy farragosa, pero se resume en que el nivel que se consigue, se consolida; no hay vuelta atrás. El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado seis apartados de la carrera profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un complemento del que pueden beneficiarse diez categorías, que supone un plus de entre 400 y 12.000 euros anuales según los profesionales y que exigía evaluaciones periódicas para ascender e incluso para mantener un nivel. En caso de no pasar el examen o de no hacerlo, el profesional descendía.
El alto tribunal, en una sentencia que es firme, falla que el nivel consolidado es para siempre porque no hay fundamento legal que prevea la bajada. Anula así la posibilidad de descenso y también la necesidad de reevaluarse cada cinco años para mantener el nivel adquirido.
"No hay fundamento legal para asignar a las evaluaciones negativas el efecto de producir el descenso de grado o, si se prefiere, de impedir la conservación del ya adquirido. Y en la medida en que la ley no contempla esa posibilidad, tampoco admite la de someter al mantenimiento del que ya se tiene a comprobaciones o evaluaciones periódicas. Tales requisitos, por ser restrictivos de derechos, han de estar previstos en la ley. Y las [leyes] aplicables, no solo no lo incluyen sino que, además, orientan el sistema de evaluaciones solamente hacia el ascenso", argumenta la sentencia dictada el pasado 12 de marzo.
En este sentido, elimina los cuatro apartados que se refieren al mantenimiento y descenso de nivel. Según el acuerdo, los profesionales no solo tenían que evaluarse periódicamente para subir de nivel, sino para mantenerlo y si no se certificaban o no superaban el proceso, descendían. A partir de la sentencia, si el profesional no se evalúa, no sube; pero mantiene el nivel alcanzado y nunca desciende.
Eso incluye también que al reincorporarse tras una excedencia, no es necesario recertificarse para mantener el nivel. El acuerdo establecía que si al volver el profesional no se evaluaba o si no aprobaba el proceso, bajaba. El TS -al desestimar el recurso de la Junta a la sentencia del TSJA- anula este párrafo. Por lo tanto, el profesional se reincorpora con el nivel que tenía al irse de excedencia.
En síntesis, de estos cuatro puntos eliminados del acuerdo se desprende que, conseguido un nivel de carrera profesional, el personal estatutario lo consolida y no hay retroceso posible. El fallo del alto tribunal elimina también el ítem compromiso con la organización como mérito a baremar para la carrera profesional pues entiende que ya se medía en otros apartados y por tanto existía duplicidad.
Al confirmar la sentencia del TSJA, el Supremo anula además el párrafo que regulaba las comisiones de valoración que deberá volver a redactarse. El argumento es que esos órganos no contemplan la participación de evaluadores externos de agencias de calidad o de sociedades científicas lo que contraviene la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesionales Sanitarias.
Letrados del despacho que llevó el pleito explicaron que la Administración debe publicar ahora los puntos que quedan eliminados en aplicación del fallo del Supremo. Además acotaron que si el SAS no lo ejecuta de oficio con cada uno de los trabajadores a los que le afectan los cambios, estos podrán reclamar su aplicación. Primero por vía administrativa y luego, judicial.
Siendo así, pueden considerarse afectados los que hubieran descendido por no hacer o no aprobar la evaluación, los que hayan bajado de nivel tras una excedencia, los que el ítem compromiso con la organización le haya puntuado a la baja e incluso los que no estén de acuerdo con su valoración porque podrían impugnar las comisiones que los evaluaron.
La sentencia actual da la razón al Sindicato Médico Andaluz (SMA), que en su día apostó en la negociación de la Carrera Profesional de los Licenciados en el SAS, oponiéndose precisamente a todos los apartados anulados judicialmente, exceptuando el del comité de valoración externo y añadiendo algunos criterios como el de la simple antigüedad, que no fueron aceptados por la Administración ni por la Mesa Sectorial de Negociación, conformada también por otros sindicatos de clase que se distinguen por hacer uso de su voto en connivencia con la voz de su amo, la Administración.
La consejera ha situado como principal objetivo del Gobierno andaluz salir de la situación económica y crear situaciones para el empleo pero "sin retroceder en los derechos sociales". Montero ha asegurado que las experiencias previas del Gobierno, tanto en el ámbito de la salud y como en el de bienestar social, para buscar caminos distintos sin realizar recortes permitirán "afrontar el futuro con ilusión y con personas expertas capaces de seguir explorando eficiencia sin dar ningún paso atrás".
Sobre el planteamiento del Gobierno Central en el ámbito de la Sanidad, María Jesús Montero ha recordado la discrepancia desde Andalucía con las cuestiones planteadas que "no sólo producen recortes en las partidas presupuestarias, sino que se ponen los primeros pasos para el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud" que pasa de una cobertura universal a un sistema de aseguramiento. En este sentido, ha defendido la importancia de mantener "universalidad, gratuidad y un sistema público abierto".
Montero repite en su cargo ganando peso específico en el nuevo Ejecutivo de José Antonio Griñán y se convierte en referente de la política social de la Junta al incorporar las competencias de Bienestar Social, principalmente la atención a la dependencia.
Según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz, este martes los miembros del nuevo gabinete de Griñán celebrarán la primera reunión del Consejo de Gobierno, que previsiblemente se centrará en la aprobación de los decretos de organización, estructura y competencias de cada departamento dentro del nuevo organigrama del Ejecutivo y en los primeros nombramientos de segundo nivel.
La consejera de Salud y Bienestar Social ha manifestado que "uno de los primeros asuntos que se pongan sobre la mesa" del Consejo de Gobierno será la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las reformas en materia sanitaria realizadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras apuntar que los servicios jurídicos de la Junta "están estudiando con detenimiento" ese posible recurso, Montero ha declarado, tras conocerse su continuidad en el Ejecutivo, que las medidas que en el ámbito sanitario que está adoptando el Gobierno de Rajoy son un claro "cuestionamiento del Sistema Nacional de Salud como lo conocemos, con una falta de transparencia que no tiene parangón en la historia de democracia".
Así, ha lamentado que "a través de un Real Decreto se ha pasado de un modelo de sistema de Sanidad público, universal y gratuito para todos a un modelo de aseguramiento en el que progresivamente se quieren dar pasos de desmantelamiento del sistema nacional de salud". En este sentido, Montero ha asegurado que el Gobierno andaluz va a trabajar "con todos los recursos que tiene al alcance, incluido jurídicos", para garantizar el mantenimiento de este sistema sanitario.
Con respecto a los nuevos retos que afronta al asumir las responsabilidades también de Bienestar Social, ha señalado que "la dependencia", un derecho "recientemente conquistado que permanentemente está teniendo dificultades, fundamentalmente por falta de apoyo por parte del Gobierno de España".
Carrera Profesional del SAS
En otro orden de cosas, el Supremo ha desestimado el recurso de casación que había interpuesto la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ratifica la sentencia del TSJA del 22 de diciembre de 2008. El contencioso fue planteado en 2006 por un médico de familia malagueño contra algunos apartados del acuerdo entre el SAS y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Salud del 18 de julio de ese año. El pleito lo ha llevado el despacho Desler Abogados, de Granada. La sentencia del Supremo afecta a diez categorías y a miles de empleados estatutarios del SAS. El fallo -al ratificar el del TSJA- anula seis puntos del acuerdo entre la Administración y los sindicatos. Documentos completos de ambas sentencias y de la normativa afectada, la resolución de 31-7-06 de la Dirección General de personal y desarrollo profesional del SAS.
La sentencia es muy farragosa, pero se resume en que el nivel que se consigue, se consolida; no hay vuelta atrás. El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado seis apartados de la carrera profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un complemento del que pueden beneficiarse diez categorías, que supone un plus de entre 400 y 12.000 euros anuales según los profesionales y que exigía evaluaciones periódicas para ascender e incluso para mantener un nivel. En caso de no pasar el examen o de no hacerlo, el profesional descendía.
El alto tribunal, en una sentencia que es firme, falla que el nivel consolidado es para siempre porque no hay fundamento legal que prevea la bajada. Anula así la posibilidad de descenso y también la necesidad de reevaluarse cada cinco años para mantener el nivel adquirido.
"No hay fundamento legal para asignar a las evaluaciones negativas el efecto de producir el descenso de grado o, si se prefiere, de impedir la conservación del ya adquirido. Y en la medida en que la ley no contempla esa posibilidad, tampoco admite la de someter al mantenimiento del que ya se tiene a comprobaciones o evaluaciones periódicas. Tales requisitos, por ser restrictivos de derechos, han de estar previstos en la ley. Y las [leyes] aplicables, no solo no lo incluyen sino que, además, orientan el sistema de evaluaciones solamente hacia el ascenso", argumenta la sentencia dictada el pasado 12 de marzo.
En este sentido, elimina los cuatro apartados que se refieren al mantenimiento y descenso de nivel. Según el acuerdo, los profesionales no solo tenían que evaluarse periódicamente para subir de nivel, sino para mantenerlo y si no se certificaban o no superaban el proceso, descendían. A partir de la sentencia, si el profesional no se evalúa, no sube; pero mantiene el nivel alcanzado y nunca desciende.
Eso incluye también que al reincorporarse tras una excedencia, no es necesario recertificarse para mantener el nivel. El acuerdo establecía que si al volver el profesional no se evaluaba o si no aprobaba el proceso, bajaba. El TS -al desestimar el recurso de la Junta a la sentencia del TSJA- anula este párrafo. Por lo tanto, el profesional se reincorpora con el nivel que tenía al irse de excedencia.
En síntesis, de estos cuatro puntos eliminados del acuerdo se desprende que, conseguido un nivel de carrera profesional, el personal estatutario lo consolida y no hay retroceso posible. El fallo del alto tribunal elimina también el ítem compromiso con la organización como mérito a baremar para la carrera profesional pues entiende que ya se medía en otros apartados y por tanto existía duplicidad.
Al confirmar la sentencia del TSJA, el Supremo anula además el párrafo que regulaba las comisiones de valoración que deberá volver a redactarse. El argumento es que esos órganos no contemplan la participación de evaluadores externos de agencias de calidad o de sociedades científicas lo que contraviene la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesionales Sanitarias.
Letrados del despacho que llevó el pleito explicaron que la Administración debe publicar ahora los puntos que quedan eliminados en aplicación del fallo del Supremo. Además acotaron que si el SAS no lo ejecuta de oficio con cada uno de los trabajadores a los que le afectan los cambios, estos podrán reclamar su aplicación. Primero por vía administrativa y luego, judicial.
Siendo así, pueden considerarse afectados los que hubieran descendido por no hacer o no aprobar la evaluación, los que hayan bajado de nivel tras una excedencia, los que el ítem compromiso con la organización le haya puntuado a la baja e incluso los que no estén de acuerdo con su valoración porque podrían impugnar las comisiones que los evaluaron.
La sentencia actual da la razón al Sindicato Médico Andaluz (SMA), que en su día apostó en la negociación de la Carrera Profesional de los Licenciados en el SAS, oponiéndose precisamente a todos los apartados anulados judicialmente, exceptuando el del comité de valoración externo y añadiendo algunos criterios como el de la simple antigüedad, que no fueron aceptados por la Administración ni por la Mesa Sectorial de Negociación, conformada también por otros sindicatos de clase que se distinguen por hacer uso de su voto en connivencia con la voz de su amo, la Administración.
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