El PP defiende este martes en el Congreso un impulso a la hospitalización domiciliaria en las CC.AA. de enfermos crónicos
Madrid (08/05/2012) - Redacción/E.P.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado defenderá este miércoles en sesión plenaria una moción contra el copago farmacéutico
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso debatirá este martes una iniciativa del PP para solicitar al Ejecutivo que impulse la hospitalización domiciliaria en las comunidades autónomas, en el marco de la Estrategia que abordará la Cronicidad, que será aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Igualmente, el PP defenderá una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a garantizar una adherencia estricta a los criterios que deben cumplir los programas de cribado poblacional, así como a promover la uniformidad en el acceso a la prestación en todas las autonomías y a todos los grupos socioeconómicos.
En esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' piden a su vez al Ejecutivo que presente estas dos propuestas, junto con la de establecer una estructura de coordinación y evaluación de los programas de cribado nacionales que realice recomendaciones, además de asegurar la existencia de registros poblacionales fiables, en el CISNS.
Asimismo, se votará una proposición no de ley del PSOE que pide seguir impulsando y apoyando económicamente a las comunidades para continuar con la aplicación del programa de mejora de la calidad de la atención a pacientes crónicos y polimedicados, consiguiendo mejoras en la salud y ahorros en el gasto en medicamentos.
Al mismo tiempo, se debatirá otra iniciativa socialista que solicita al Gobierno el desarrollo reglamentario los términos y condiciones de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, antes del mes de abril de 2012.
De igual forma, se debatirá otra propuesta del BNG que reclama al Gobierno el reconocimiento de la fibromialgia como una enfermedad incapacitante, y definir los mecanismos de valoración pertinentes para que puedan ser aplicados en las valoraciones por minusvalías, además de impulsar, en colaboración con comunidades autónomas, las medidas sanitarias necesarias para otorgar una mejor atención a los afectados.
Contra el copago farmacéutico
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, a través de su portavoz en Sanidad y Servicios Sociales, Roberto Lertxundi, ha informado que defenderá en la sesión plenaria del próximo miércoles, 9 de mayo, una moción en la que reclama al Gobierno que retire la medida que establece el copago farmacéutico, en especial a los pensionistas y jubilados, enfermos crónicos y a los que sufren tratamientos de larga duración.
Lertxundi, senador por la Comunidad Autónoma del País Vasco, también pide que se retire, entre otras, las medidas que imponen el copago a los productos ortoprotésicos, dietoterapéuticos y el cobro de los traslados no urgentes. Además, solicita al Ejecutivo que garantice, como derecho básico de la salud, la asistencia sanitaria a los inmigrantes que residen irregularmente en nuestro país. "No hacerlo, ha añadido, es una medida que no corresponde con la realidad y es peligrosa e ineficaz, además de xenófoba e insolidaria".
Este senador ha subrayado que con estas medidas "el Ejecutivo está iniciando la destrucción del Sistema
Nacional de Salud porque está acabando con la universalidad de la prestación sanitaria". "Todos los ciudadanos -ha advertido- tendrán que pagar por las prótesis externas, el transporte sanitario no urgente o los productos dietéticos terapéuticos a lo que se une la subida del precio de los medicamentos a las personas que están en activo".
"Con respecto a los pensionistas, añade, el Gobierno ha optado por el copago farmacéutico, por subirles el gasto en las medicinas en lugar de buscar otras vías de abaratar su coste, como la prescripción por principio activo o la dispensación por dosis necesaria".
El parlamentario del PSOE ha explicado que el Gobierno conseguirá ahorrar con el copago farmacéutico tan solo 165 millones de euros porque la unificación de la tarjeta sanitaria electrónica con los datos de Hacienda, la Seguridad Social y de la farmacia tendrá un coste muy superior a lo que pretenden embolsarse con la medida. Además, ha afirmado que con los inmigrantes considerados irregulares también se va a recortar "quitándoles la asistencia sanitaria, una medida que los socialistas consideramos un auténtico ejercicio de insensibilidad social y xenófoba, del mismo modo que van a acabar con la universalidad para los jóvenes mayores de 26 años que no estén en el sistema".
Asimismo, la senadora socialista por Navarra, María Chivite, solicitará al Gobierno en la sesión de control parlamentario de la Cámara Alta de este martes, que informe sobre cómo va a afectar el Real Decreto-Ley sobre recortes sanitarios a los distintos grupos de población.
En esta misma sesión, Lertxundi reclamará al Gobierno que explique "por qué ha creado el impuesto a la enfermedad, convirtiendo a los pensionistas y jubilados en prestatarios de la Hacienda Pública". El senador socialista ha recordado que los más vulnerables; estos es, los pensionistas y jubilados, gastan el 75 por ciento de los fármacos en España y ha puntualizado que la factura en fármacos en nuestro país asciende a 11.000 millones de euros.
Llamazares, contra el recorte
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Gaspar Llamazares, defenderá este martes en el seno de la misma su proposición no de ley para oponerse al "recorte adicional de 7.000 millones de euros en la Sanidad". La Comisión aborda el debate y votación de esta iniciativa después de que Llamazares no lograra una respuesta afirmativa ni por parte del Gobierno ni del Grupo Popular a la petición de comparecencia registrada previamente para que la ministra Ana Mato acudiera al Congreso para explicar de manera detallada estos recortes.
La proposición no de ley de IU busca que el Congreso rechace "por inasumible e inviable el recorte adicional de 7.000 millones de euros en la Sanidad Pública de competencia autonómica", además del recorte "de la cartera de servicios, los salarios y el personal en el Sistema Nacional de Salud por su impacto negativo en las listas de espera y en la pérdida de calidad de la atención sanitaria".
Llamazares señala que frente a estas medidas que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy "existen márgenes para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud de manera justa y, así mismo, para apurar los niveles de eficiencia".
De esta forma, en la proposición no de ley se plantea la "mejora en la fiscalidad general en contraposición a copagos, repagos o impuestos a los enfermos por discriminatorios y contraproducentes" y que se utilicen "los márgenes de ahorro y eficiencia del Sistema Nacional de Salud en gasto farmacéutico, aplicación de tecnologías o centrales de compra".
Entre las medidas genéricas que se abordan en este tipo de iniciativas se propone también la "reorientación del sistema a la atención a enfermos crónicos potenciando la Atención Primaria, la Salud Pública y la participación de la comunidad".
Igualmente, el PP defenderá una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a garantizar una adherencia estricta a los criterios que deben cumplir los programas de cribado poblacional, así como a promover la uniformidad en el acceso a la prestación en todas las autonomías y a todos los grupos socioeconómicos.
En esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' piden a su vez al Ejecutivo que presente estas dos propuestas, junto con la de establecer una estructura de coordinación y evaluación de los programas de cribado nacionales que realice recomendaciones, además de asegurar la existencia de registros poblacionales fiables, en el CISNS.
Asimismo, se votará una proposición no de ley del PSOE que pide seguir impulsando y apoyando económicamente a las comunidades para continuar con la aplicación del programa de mejora de la calidad de la atención a pacientes crónicos y polimedicados, consiguiendo mejoras en la salud y ahorros en el gasto en medicamentos.
Al mismo tiempo, se debatirá otra iniciativa socialista que solicita al Gobierno el desarrollo reglamentario los términos y condiciones de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, antes del mes de abril de 2012.
De igual forma, se debatirá otra propuesta del BNG que reclama al Gobierno el reconocimiento de la fibromialgia como una enfermedad incapacitante, y definir los mecanismos de valoración pertinentes para que puedan ser aplicados en las valoraciones por minusvalías, además de impulsar, en colaboración con comunidades autónomas, las medidas sanitarias necesarias para otorgar una mejor atención a los afectados.
Contra el copago farmacéutico
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, a través de su portavoz en Sanidad y Servicios Sociales, Roberto Lertxundi, ha informado que defenderá en la sesión plenaria del próximo miércoles, 9 de mayo, una moción en la que reclama al Gobierno que retire la medida que establece el copago farmacéutico, en especial a los pensionistas y jubilados, enfermos crónicos y a los que sufren tratamientos de larga duración.
Lertxundi, senador por la Comunidad Autónoma del País Vasco, también pide que se retire, entre otras, las medidas que imponen el copago a los productos ortoprotésicos, dietoterapéuticos y el cobro de los traslados no urgentes. Además, solicita al Ejecutivo que garantice, como derecho básico de la salud, la asistencia sanitaria a los inmigrantes que residen irregularmente en nuestro país. "No hacerlo, ha añadido, es una medida que no corresponde con la realidad y es peligrosa e ineficaz, además de xenófoba e insolidaria".
Este senador ha subrayado que con estas medidas "el Ejecutivo está iniciando la destrucción del Sistema
Nacional de Salud porque está acabando con la universalidad de la prestación sanitaria". "Todos los ciudadanos -ha advertido- tendrán que pagar por las prótesis externas, el transporte sanitario no urgente o los productos dietéticos terapéuticos a lo que se une la subida del precio de los medicamentos a las personas que están en activo".
"Con respecto a los pensionistas, añade, el Gobierno ha optado por el copago farmacéutico, por subirles el gasto en las medicinas en lugar de buscar otras vías de abaratar su coste, como la prescripción por principio activo o la dispensación por dosis necesaria".
El parlamentario del PSOE ha explicado que el Gobierno conseguirá ahorrar con el copago farmacéutico tan solo 165 millones de euros porque la unificación de la tarjeta sanitaria electrónica con los datos de Hacienda, la Seguridad Social y de la farmacia tendrá un coste muy superior a lo que pretenden embolsarse con la medida. Además, ha afirmado que con los inmigrantes considerados irregulares también se va a recortar "quitándoles la asistencia sanitaria, una medida que los socialistas consideramos un auténtico ejercicio de insensibilidad social y xenófoba, del mismo modo que van a acabar con la universalidad para los jóvenes mayores de 26 años que no estén en el sistema".
Asimismo, la senadora socialista por Navarra, María Chivite, solicitará al Gobierno en la sesión de control parlamentario de la Cámara Alta de este martes, que informe sobre cómo va a afectar el Real Decreto-Ley sobre recortes sanitarios a los distintos grupos de población.
En esta misma sesión, Lertxundi reclamará al Gobierno que explique "por qué ha creado el impuesto a la enfermedad, convirtiendo a los pensionistas y jubilados en prestatarios de la Hacienda Pública". El senador socialista ha recordado que los más vulnerables; estos es, los pensionistas y jubilados, gastan el 75 por ciento de los fármacos en España y ha puntualizado que la factura en fármacos en nuestro país asciende a 11.000 millones de euros.
Llamazares, contra el recorte
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Gaspar Llamazares, defenderá este martes en el seno de la misma su proposición no de ley para oponerse al "recorte adicional de 7.000 millones de euros en la Sanidad". La Comisión aborda el debate y votación de esta iniciativa después de que Llamazares no lograra una respuesta afirmativa ni por parte del Gobierno ni del Grupo Popular a la petición de comparecencia registrada previamente para que la ministra Ana Mato acudiera al Congreso para explicar de manera detallada estos recortes.
La proposición no de ley de IU busca que el Congreso rechace "por inasumible e inviable el recorte adicional de 7.000 millones de euros en la Sanidad Pública de competencia autonómica", además del recorte "de la cartera de servicios, los salarios y el personal en el Sistema Nacional de Salud por su impacto negativo en las listas de espera y en la pérdida de calidad de la atención sanitaria".
Llamazares señala que frente a estas medidas que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy "existen márgenes para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud de manera justa y, así mismo, para apurar los niveles de eficiencia".
De esta forma, en la proposición no de ley se plantea la "mejora en la fiscalidad general en contraposición a copagos, repagos o impuestos a los enfermos por discriminatorios y contraproducentes" y que se utilicen "los márgenes de ahorro y eficiencia del Sistema Nacional de Salud en gasto farmacéutico, aplicación de tecnologías o centrales de compra".
Entre las medidas genéricas que se abordan en este tipo de iniciativas se propone también la "reorientación del sistema a la atención a enfermos crónicos potenciando la Atención Primaria, la Salud Pública y la participación de la comunidad".
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