OPINIÓN
Llanto por la sanidad pública
"Nunca nadie había hecho tanto daño a los derechos básicos de los ciudadanos como el PP"
El modelo de sanidad creado a partir de la Ley General de Sanidad de 1986 basa su desarrollo en principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha contra las desigualdades en materia de salud, habiendo conseguido avances importantes que han situado a nuestra sanidad entre las primeras y mejor consideradas.
Durante años, los ciudadanos hemos disfrutado de este modelo capaz de dar respuesta, en general, a las necesidades sanitarias de la población con enormes garantías, siendo una de las claves el disponer de profesionales sanitarios altamente cualificados. Parte de estos avances también se deben a un sistema descentralizado.
En nuestra comunidad autónoma, hace tiempo que se vienen adoptando medidas que suponen recortes, como son el cierre de camas hospitalarias, SAMU que salen sin médicos, el impago a proveedores o la privatización progresiva del sistema, tanto en la gestión de los departamentos como de la alta tecnología.
A principios de este año, se aprobó el Decreto 1/2012, que afectaba duramente a derechos salariales y laborales de los trabajadores, decreto al que se unieron una serie de medidas denominadas de ahorro-eficiencia que son claros recortes, tales como: retirar intervenciones del plan de choque, disminuir guardias, bloquear camas hospitalarias, cerrar centros de salud, reducir sustituciones, minorar unidades de urgencia-emergencia, realizar menús únicos o rebajar los gastos en limpieza, seguridad, ropa, gasas…
Si sumamos el presunto ahorro entre el decreto ley y las medidas de recortes, todo ello supondría unos 530 millones de euros, lo cual resulta imposible sin afectar a derechos básicos.
Posteriormente, el Gobierno central aprueba un Real Decreto Ley, el 16/2012, donde se nos pide a la Comunidad Valenciana recortar unos 700 millones de euros más, ante la sumisión y la comprensión, tanto del presidente Fabra, como del consejero Rosado (antes, por cierto, tan reivindicativos ellos). Este real decreto ley se carga la universalización y la equidad con medidas tales como el medicamentazo, la exclusión de algunos medicamentos de la prestación; tener que pagar por el transporte no urgente, las prótesis externas, las dietas terapéuticas o la desprotección en la que quedarán un porcentaje de los mayores de 26 años o los inmigrantes que denominan sin papeles. Ciertamente, nunca nadie había hecho tanto daño a los derechos básicos de los ciudadanos como el PP.
El PP está generando una enorme preocupación social, al afirmar que la sanidad no es sostenible. Y yo pregunto: ¿Hasta ahora era sostenible?, pues nunca habían dicho nada con tanta contundencia. Cabe recordar que somos la comunidad que durante los últimos años menos hemos dedicado a sanidad por habitante y año. ¿No será quizás que lo insostenible haya sido la política del PP, y que se han gastado lo que no tenían en lo que no debían y ahora quieren recortar en lo que no deben?
Como gobernando el PP todo es susceptible de empeorar, el día 27 de abril, el Gobierno valenciano anuncia la posibilidad de la privatización de la gestión de los centros sanitarios. Lo plantean sin explicaciones claras, hablando de generalidades, inconcreciones, sin un plan claro y con improvisaciones —yo creo que en parte calculadas—. Eso sí, con una enorme irresponsabilidad.
Hablan de privatizar la parte de prestaciones no sanitarias, estando ya la mayoría de estos servicios externalizados y con contratos en vigor. Dicen que las empresas van a pagar un canon de 180 millones de euros a la consejería, pero es evidente que la Generalitat les deberá pagar por la prestación de servicios que realizarán. Al mismo tiempo, el consejero dice que si todos lo hacen bien, todos saldremos ganando. Claro, ya comienza con una premisa falsa, y es que la consejería lleva mucho tiempo haciéndolo muy mal. Lo que están diciendo desde la Generalitat no cuadra. Creo que la privatización es mucho más profunda de lo que se dice, y que esa convivencia de gestión público-privada se inclinará hacia la empresa privada. En ocasiones, colisionarán los intereses empresariales privados con los estándares de calidad que requerirán los profesionales.
El PP está poniendo a la venta la salud de los ciudadanos, está engañando, está utilizando la sanidad valenciana como banco de pruebas.
Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y constituye una política fundamental para la calidad y la cohesión social. Estoy convencido de que el PP se va a encontrar con el rechazo y la oposición frontal de la ciudadanía y desde luego la del PSOE.
Es necesario el diálogo con las fuerzas políticas, con los agentes sociales, con los profesionales del sector y desde luego, es necesario que las comunidades autónomas alcancen un gran acuerdo para que se pueda garantizar el mantenimiento de los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986.
Si el PP sigue con sus planes, estaremos asistiendo al final de un modelo sanitario público, universal y equitativo, tal y como lo conocemos, y nos estarán llevando a un sistema dual, uno para el que se lo pueda pagar y otro para los demás. Se estarán cargando el modelo social y de derechos que nos hemos dado entre todos. Por eso, el llanto por la sanidad pública que no debemos permitir.
En nuestra comunidad autónoma, hace tiempo que se vienen adoptando medidas que suponen recortes, como son el cierre de camas hospitalarias, SAMU que salen sin médicos, el impago a proveedores o la privatización progresiva del sistema, tanto en la gestión de los departamentos como de la alta tecnología.
A principios de este año, se aprobó el Decreto 1/2012, que afectaba duramente a derechos salariales y laborales de los trabajadores, decreto al que se unieron una serie de medidas denominadas de ahorro-eficiencia que son claros recortes, tales como: retirar intervenciones del plan de choque, disminuir guardias, bloquear camas hospitalarias, cerrar centros de salud, reducir sustituciones, minorar unidades de urgencia-emergencia, realizar menús únicos o rebajar los gastos en limpieza, seguridad, ropa, gasas…
Si sumamos el presunto ahorro entre el decreto ley y las medidas de recortes, todo ello supondría unos 530 millones de euros, lo cual resulta imposible sin afectar a derechos básicos.
Posteriormente, el Gobierno central aprueba un Real Decreto Ley, el 16/2012, donde se nos pide a la Comunidad Valenciana recortar unos 700 millones de euros más, ante la sumisión y la comprensión, tanto del presidente Fabra, como del consejero Rosado (antes, por cierto, tan reivindicativos ellos). Este real decreto ley se carga la universalización y la equidad con medidas tales como el medicamentazo, la exclusión de algunos medicamentos de la prestación; tener que pagar por el transporte no urgente, las prótesis externas, las dietas terapéuticas o la desprotección en la que quedarán un porcentaje de los mayores de 26 años o los inmigrantes que denominan sin papeles. Ciertamente, nunca nadie había hecho tanto daño a los derechos básicos de los ciudadanos como el PP.
El PP está generando una enorme preocupación social, al afirmar que la sanidad no es sostenible. Y yo pregunto: ¿Hasta ahora era sostenible?, pues nunca habían dicho nada con tanta contundencia. Cabe recordar que somos la comunidad que durante los últimos años menos hemos dedicado a sanidad por habitante y año. ¿No será quizás que lo insostenible haya sido la política del PP, y que se han gastado lo que no tenían en lo que no debían y ahora quieren recortar en lo que no deben?
Como gobernando el PP todo es susceptible de empeorar, el día 27 de abril, el Gobierno valenciano anuncia la posibilidad de la privatización de la gestión de los centros sanitarios. Lo plantean sin explicaciones claras, hablando de generalidades, inconcreciones, sin un plan claro y con improvisaciones —yo creo que en parte calculadas—. Eso sí, con una enorme irresponsabilidad.
Hablan de privatizar la parte de prestaciones no sanitarias, estando ya la mayoría de estos servicios externalizados y con contratos en vigor. Dicen que las empresas van a pagar un canon de 180 millones de euros a la consejería, pero es evidente que la Generalitat les deberá pagar por la prestación de servicios que realizarán. Al mismo tiempo, el consejero dice que si todos lo hacen bien, todos saldremos ganando. Claro, ya comienza con una premisa falsa, y es que la consejería lleva mucho tiempo haciéndolo muy mal. Lo que están diciendo desde la Generalitat no cuadra. Creo que la privatización es mucho más profunda de lo que se dice, y que esa convivencia de gestión público-privada se inclinará hacia la empresa privada. En ocasiones, colisionarán los intereses empresariales privados con los estándares de calidad que requerirán los profesionales.
El PP está poniendo a la venta la salud de los ciudadanos, está engañando, está utilizando la sanidad valenciana como banco de pruebas.
Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y constituye una política fundamental para la calidad y la cohesión social. Estoy convencido de que el PP se va a encontrar con el rechazo y la oposición frontal de la ciudadanía y desde luego la del PSOE.
Es necesario el diálogo con las fuerzas políticas, con los agentes sociales, con los profesionales del sector y desde luego, es necesario que las comunidades autónomas alcancen un gran acuerdo para que se pueda garantizar el mantenimiento de los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986.
Si el PP sigue con sus planes, estaremos asistiendo al final de un modelo sanitario público, universal y equitativo, tal y como lo conocemos, y nos estarán llevando a un sistema dual, uno para el que se lo pueda pagar y otro para los demás. Se estarán cargando el modelo social y de derechos que nos hemos dado entre todos. Por eso, el llanto por la sanidad pública que no debemos permitir.
Ignacio Subías es portavoz del área de Sanidad del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas.
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