AMPLÍA EL PLAZO HASTA 2013
Mato matiza la integración de APD y médicos de cupo, pero no satisface a la OMC
La integración forzosa de médicos de cupo y zona y de titulares (APD) sigue adelante, pese a la polvareda levantada tras la publicación del controvertido Real Decreto-ley 16/2012.
F. G. | 16/05/2012 00:00
Fernández Pro cree que la fórmula "sin perjuicio de los derechos consolidados" es "insuficiente, confusa y ambigua"
La esperada aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la corrección de errores de la norma (ver página 5) se ha limitado a introducir dos modificaciones que mantienen intacta la inquietud de los casi 7.000 médicos que, según diversos cálculos, forman parte de ambos colectivos. El departamento de Ana Mato amplía exactamente un año (hasta el 31 de diciembre de 2013) el plazo inicial que fijaba el decreto para que todos los funcionarios pasaran al régimen estatutario, y añade que la integración se hará "sin perjuicio de los derechos consolidados", tanto para los facultativos de cupo y zona como para los médicos APD.
Obviando el discutible hecho de que el ministerio use la fórmula "corrección de errores" para referirse a matices que suponen una clara modificación de la redacción inicial, la Organización Médica Colegial (OMC) no parece muy satisfecha con el nuevo texto, y todo ello pese al escrupuloso cuidado que ha puesto su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, en que no trascendiera nada de las conversaciones que tanto él como su colega en el Consejo de Enfermería, Máximo González Jurado, han tenido con Mato. Según Antonio Fernández Pro, vocal nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC y cabeza visible del gabinete de crisis creado expresamente en la corporación para abordar este tema, la ampliación del plazo "es un mero parche que no soluciona el problema, sólo prolonga la agonía e incertidumbre de los profesionales afectados". Puestos a ampliar plazos, Fernández Pro se pregunta por qué el ministerio no lo ha hecho hasta 2023 "y hubiera zanjado el problema, al menos el de los médicos, porque al grueso del colectivo le queda como mucho diez años de ejercicio laboral".
Aunque el objetivo prioritario de los consejos colegiales era que la estatutarización forzosa no se llevase por delante los derechos de los miles de funcionarios afectados, Fernández Pro considera "insuficiente, confusa y deliberadamente ambigua" la fórmula "sin perjuicio de los derechos consolidados". El vocal de la OMC no tiene clara "la compatibilidad legal entre empezar a cotizar a la Seguridad Social y que, al mismo tiempo, se respeten los derechos adquiridos como funcionarios en materia de pensiones y antigüedad laboral. Tendremos que analizarlo con la asesoría jurídica, pero no veo claro el encaje legal". En cualquier caso, concluye que los cambios "no satisfacen en modo alguno nuestras expectativas y seguiremos con la lucha".
Obviando el discutible hecho de que el ministerio use la fórmula "corrección de errores" para referirse a matices que suponen una clara modificación de la redacción inicial, la Organización Médica Colegial (OMC) no parece muy satisfecha con el nuevo texto, y todo ello pese al escrupuloso cuidado que ha puesto su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, en que no trascendiera nada de las conversaciones que tanto él como su colega en el Consejo de Enfermería, Máximo González Jurado, han tenido con Mato. Según Antonio Fernández Pro, vocal nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC y cabeza visible del gabinete de crisis creado expresamente en la corporación para abordar este tema, la ampliación del plazo "es un mero parche que no soluciona el problema, sólo prolonga la agonía e incertidumbre de los profesionales afectados". Puestos a ampliar plazos, Fernández Pro se pregunta por qué el ministerio no lo ha hecho hasta 2023 "y hubiera zanjado el problema, al menos el de los médicos, porque al grueso del colectivo le queda como mucho diez años de ejercicio laboral".
Aunque el objetivo prioritario de los consejos colegiales era que la estatutarización forzosa no se llevase por delante los derechos de los miles de funcionarios afectados, Fernández Pro considera "insuficiente, confusa y deliberadamente ambigua" la fórmula "sin perjuicio de los derechos consolidados". El vocal de la OMC no tiene clara "la compatibilidad legal entre empezar a cotizar a la Seguridad Social y que, al mismo tiempo, se respeten los derechos adquiridos como funcionarios en materia de pensiones y antigüedad laboral. Tendremos que analizarlo con la asesoría jurídica, pero no veo claro el encaje legal". En cualquier caso, concluye que los cambios "no satisfacen en modo alguno nuestras expectativas y seguiremos con la lucha".
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