Mató indicó que esto será posible porque se garantizará la interoperabilidad de los sistemas de información de los distintos servicios de salud, dentro de una política para incentivar la cibersalud (e-salud en lenguaje oficial). Esto es una vieja aspiración cuya necesidad se vio
ya en 2003, cuando se completaron las transferencias sanitarias. Lo llevó a un consejo ya en ese año la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, y se asentó técnicamente con la aprobación del plan
Sanidad en Línea de 2007, que fijó los datos comunes que deberían figurar.
La ministra no explicó si para que las tarjetas sanitarias funcionen así hace falta una nueva, y si las comunidades podrán cobrar por ella, como
ya hace Baleares. Esto último es “competencia autonómica”, recalcó. Tampoco habrá que hacer el cambio de golpe, sino que se aprovechará cuando haya que renovar la tarjeta, indicó la ministra.
Además, el consejo acordó establecer un
listado básico de vacunación. “Por primera vez”, según la ministra, no incluirá solo las inmunizaciones infantiles que deben darse en todas las comunidades, sino también la edad a la que los niños deben recibirlas. De momento, la lista solo incluirá aquellos fármacos que son comunes (que ya se están dando en todas las comunidades y en los mismos márgenes de edad), explicó después la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero. Para el resto (aquellas en las que hay mucha diferencia en la edad a la que cada comunidad la ofrece, como la del papiloma, o las que solo se aplican en algunas comunidades) se creará una comisión técnica que evaluará su necesidad de incorporarlas al calendario común o no, dijo la ministra. Claro que esto no implica que si, por ejemplo, se decidiera que una vacuna no es necesaria, se pueda obligar a una comunidad a dejar de darla.
Algo parecido ocurrirá con
la cartera de servicios. La idea de crear una básica común ya figuraba en el programa electoral del PP, como recordó la ministra. Esta admitió que ya había una, pero que se había convertido en que cada comunidad ofrecía una propia. Para “renovar” la cartera, según definió la ministra el proceso, se contará con la labor de las agencias de evaluación de tecnologías y prestaciones ya existentes. En este momento, en España hay seis autonómicas más una central. La novedad del proceso consiste en que estas “trabajarán en red”.
Las tarjetas incorporarán un código único que permitirá acceder a la historia clínica digital de cada paciente
Su labor no se limitará a decidir qué nuevas prestaciones se ofrecen. Mato tuvo que reconocer que era posible que, si así lo decidían, se retiraran algunos de los servicios actuales. La ministra explicó que esto puede pasar no por problemas en la seguridad (si un fármaco o una tecnología no lo son no deberían hacerse aprobado), sino porque puede haber surgido una opción mejor.
Además, el consejo estableció unos grupos de trabajo para ir avanzando en el gran proyecto de la ministra: llegar a un pacto de Estado para la sanidad que garantice su viabilidad antes de verano. Esta urgencia hace que los primeros trabajos de los grupos (en recursos humanos, financiación) deben estar en un mes, dijo la ministra.
Precisamente como parte de los esfuerzos por la sostenibilidad del sistema, el ministerio renovará la
compra centralizada de vacunas contra la gripe que ya inició el Ejecutivo anterior. Esta vez se han apuntado al sistema 14 de las 17 comunidades, frente a las ocho de la primera convocatoria. El resto – la ministra no dijo cuáles- no se ha adherido porque tenían acuerdos vigentes con los suministradores. Eso sí, Mato indicó que lo que se había acordado era que ninguna de estas tendría precios más bajos que al ofertado al conjunto.
La idea de aprovechar la economía de escala en las compras también se aplicará por primera vez este año a las vacunas del conjunto básico común, dijo la ministra. El ahorro estimado no se sabrá hasta recibir las ofertas.
Una comisión técnica evaluará las vacunas en las que no hay acuerdo
Aunque el ministerio de Sanidad ha quedado al margen del debate, el tema de la financiación y el pago de la deuda a los proveedores también fue mencionado por la ministra. Esta recordó que ya había propuestas (créditos ICO, acuerdos con los bancos) en marcha. De momento, esto se está aplicando para la deuda de los Ayuntamientos, y por eso los proveedores como
Farmaindustria y Fenin (patronales de los laboratorios y fabricantes de tecnologías sanitarias, respectivamente) no se sienten concernidos –ni beneficiados-, ya que quienes les deben el dinero son las comunidades.
El consejo también fue informado del protocolo puesto en marcha para atender a las casi 20.000 mujeres con
prótesis mamarias defectuosas PIP (básicamente, hacer revisiones por si hay que extraerlas y designar centros de referencia para que atiendan a aquellas cuya clínica de estética hubiera cerrado) y de la Estrategia de Diabetes, de la que la ministra no dio más detalle que el hecho de que afectará a unos cinco millones de personas.
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